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El Diario Montañés

La propuesta para implantar un ingreso mínimo vital (IMV) es una de las ideas sociales más destacadas de todas las promovidas al calor de la crisis del coronavirus. Un plan para proteger a los colectivos más vulnerables con una renta básica, que el Gobierno nacional formado por PSOE y Podemos ya ha deslizado incluso que tendría carácter permanente.

Ahora bien, aún resta por determinar cuántos ciudadanos podrían beneficiarse del programa, la cuantía definitiva y, obviamente, el coste que supondrá para el erario público. Desde Delegación del Gobierno admiten que todavía no se han contabilizado los potenciales perceptores por autonomías, algo que esperan tener en el corto plazo, mientras que los sindicatos empiezan a hacer sus cálculos.

Desee UGT en Cantabria ponen el foco en que en las estadísticas de paro correspondientes al mes de marzo ya se recogía que en Cantabria había en febrero 17.366 desempleados que no percibían ningún tipo de prestación, por lo que serían los primeros beneficiarios de esta nueva percepción nacional.

No obstante, el sindicato recuerda que los ciudadanos de la Comunidad que puedan disfrutar de este ingreso dependerán igualmente de la cuantía final que se establezca como renta mínima. Si el montante es superior a otras prestaciones asistenciales como el subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción, a estas personas se les complementará. Es decir, que podrían cobrar una parte.

En marzo hubo 9.563 personas que tenían en Cantabria subsidio por desempleo y otras 1.163 que percibían la Renta Activa de Inserción, que en ambos casos viene a suponer unos 430 euros mensuales.

La cuestión es que todavía no está definida completamente la hoja de ruta desde Moncloa. Los secretarios generales de UGT y de CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, sostuvieron durante la presentación del Primero de Mayo virtual que en España sería más de un millón de personas las que pudieran disfrutar del IMV. Desglosadas, se totalizaban 1.342.752 desempleados que no cobraban ningún tipo de prestación y otro millón (1.011.915) con subsidios o rentas de inserción. Es decir, que mucha gente está aguardando este programa social, más si cabe tras el seísmo provocado por la pandemia sanitaria.

Diagnóstico de Civismo

Desde la Fundación Civismo se ha analizado la propuesta, así como las vías para financiarla. «En relación al coste que supondría, aún no se habla de números exactos pero si se toma como referencia el programa electoral de Podemos en 2019 (600 euros al mes, que aumentarían en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros), oscilaría entre los 7.000 millones y 14.400 millones de euros», arranca la organización presidida por Julio Pomés.

¿Cómo se obtendría el dinero? «Este montante se financiaría, según declaraciones del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, con emisión de deuda y con el ahorro de en torno a 2.000 millones, que se lograría a lo largo del tiempo a través de la absorción de otras ayudas estatales no contributivas. No obstante, descontadas estas, restarían por pagar entre 5.000 y 12.400 millones de euros. Cubrirlos con deuda presentará grandes dificultades, ya que, según las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ésta aumentará hasta el 113% del PIB después de la crisis, y los presupuestos ya tendrán que incrementarse por los gastos en salud y en ayudas a las empresas».

No sólo eso. «Otra vía que se está proponiendo para financiar el IMV sería el IVA, pero con ello se asestaría un golpe más al consumo, en un escenario en el que, según una encuesta de la consultora McKinsey, los consumidores españoles se encuentran entre los menos optimistas de Europa y planean recortar sus gastos en casi todos los sectores».

Civismo recuerda que «aparte de su coste, esta medida, al ser permanente y circunscribirse solo a los colectivos más vulnerables, crearía el incentivo perverso de que sus destinatarios cuestionaran la conveniencia de entrar o no en el mercado laboral. Un problema que no plantea la renta universal básica, dado que sus receptores pueden continuar beneficiándose de ella independientemente de que tengan o no trabajo». ¿La desventaja? El mayor coste de la segunda.


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