El Ayuntamiento de Madrid se ha zafado de Standard and Poor’s (S&P) y de Fitch, las agencias de calificación que llevaban más de una década auditando su deuda. Estas habían amenazado con rebajar la calificación al consistorio, dándole la categoría de bono basura. No deja de resultar paradójico que un gobierno municipal como el de Ahora Madrid, que tanto pregona su celo por la fiscalización y la transparencia, no someta sus cuentas al escrutinio de un garante externo que pueda afearles su despilfarro.

Al margen del doble rasero que pueda haber en esta decisión, Madrid ni siquiera debería ser la ciudad española más preocupada por un eventual tirón de orejas a manos de las agencias de calificación. Según los últimos datos del Banco de España, la capital de nuestro país ha liderado la reducción de deuda municipal en el segundo trimestre del año, en el primero y en 2014. Eso sí, aún representa el 62% de la deuda de todas las capitales de provincia. En cuanto a la Comunidad de Madrid, es una de las menos endeudadas de España, con un 13,1% respecto al total de su PIB, junto a País Vasco (15,1%) y Canarias (15,3%). Estos niveles de deuda tienen su correlato en la calificación otorgada por las agencias en el caso del País Vasco, que, junto a Navarra, es la única comunidad española cuya deuda entra en la categoría de «grado medio superior», con un A- de S&P.

En el otro extremo del endeudamiento se halla la Comunidad Valenciana. Casi un 40% de su PIB corresponde a deuda. Le sigue Castilla La-Mancha, con más de un 34%. La causa de muchos de estos déficits es la ejecución de unas innecesarias infraestructuras que han sangrado las arcas regionales. Duele que nuestros impuestos vayan a la basura. Las agencias de calificación no han dejado de acusar estos derroches. Así, Comunidad Valenciana y Cataluña (la tercera más endeudada) son las únicas comunidades que reciben calificaciones en grado de «no inversión especulativo» por parte de dos agencias, Moody’s y S&P. Los manchegos tampoco se libran de esa nota poco honrosa bajo el criterio de Moody’s, al igual que los andaluces y murcianos.

Así pues, tal vez el dictamen de las agencias de calificación no sea tan arbitrario como para desoírlo. Quizá por eso les están comenzando a estorbar a los políticos. Pese a los errores en que estos evaluadores han incurrido en el pasado, no dejan de desempeñar una referencia independiente. Una fuente para que los ciudadanos supervisen si el Estado gasta manirrotamente lo que se le encomendó gestionar con prudencia y responsabilidad.

No es peccata minuta en un contexto en el que el nivel de endeudamiento es el más alto de la historia reciente de España. En la última legislatura la deuda ha pasado del 13% sobre el PIB a más del 23%. Y si, como prevé la Comisión Europea, nuestro país no cumple con los objetivos de déficit marcados para este año y el que viene, la deuda no hará sino engrosarse y arruinar a nuestro hijos y nietos. Pobres agencias de calificación, no solo tienen que hacer su trabajo, sino además sufrir la incomprensión de muchos políticos.