Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania se ha avivado el debate acerca de la independencia energética de la Unión Europea y las diversas formas de lograrla.
El desarrollo de la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas desde las instituciones europeas a Rusia han servido para mostrar al mundo la elevadísima dependencia energética de muchos países de la Unión hacia el país gobernado por Vladimir Putin. Se ha demostrado, a través de varias amenazas del tirano ruso a Europa, el enorme riesgo que supone para los ciudadanos europeos tener una dependencia energética tan elevada de un país como Rusia.
Es cierto que la política energética de la UE nunca ha sido uno de sus puntos fuertes, empezando por el llamativo fracaso en la construcción y desarrollo de un mercado energético común a nivel europeo, a través del cual se facilitase y se abaratase el aprovisionamiento de gas y petróleo a todos los países miembros. De hecho, en las actuales circunstancias, un mercado único energético a nivel UE habría facilitado la autonomía de acción de las instituciones europeas y habría disminuido muchos de los costes que los ciudadanos europeos están teniendo que sufrir a raíz de las consecuencias económicas del panorama geopolítico actual. Siendo meridianamente claros, no podemos negar que el futuro energético de la UE y la consolidación de sus planes en esta área dependen de cómo se solucione la pretendida desconexión gradual de la importación de gas ruso y por qué fuente alternativa se sustituya.
Como las instituciones europeas son conscientes de que muchos ciudadanos están actualmente planteando las mismas incógnitas que introducíamos anteriormente, la semana pasada publicaron un relevante informe que trataba de aportar luz en alguno de estos aspectos.
Dicho informe, titulado REPowerEU, establece como núcleo de la política energética la posibilidad y deseo de conjugar una maximización de la independencia energética de la UE sin abandonar el ambicioso plan de descarbonización de la economía europea previamente establecido. Para ello, el plan demanda incrementos en la eficiencia energética y una reducción de la intensidad carbónica en la producción de muchos sectores. De hecho, para ello Bruselas propone incrementar el objetivo de peso de las energías renovables sobre el mix energético al 45% desde el 40% establecido para 2030. Cabe resaltar que dicha propuesta no es ningún brindis al sol, ya que Bruselas cumplió sobradamente sus objetivos en materia de energías renovables y eficiencia energética que estableció para el año 2020.
Pero no todo depende de la eficiencia energética ni mucho menos, ya que en este asunto el suministro energético, su fiabilidad y su independencia de potencias como Rusia son esenciales. Para ello la UE propone una política energética que garantice a la par la unidad y la independencia a través de una fuerte expansión de la producción doméstica de energía y una mayor solidez y fiabilidad de las fuentes externas de energía, haciendo especial inciso en la necesidad de reforzar y ampliar la infraestructura relacionada con transporte y distribución de materias primas energéticas.
Esto no resultará nada sencillo ya que hay muchos intereses confrontados entre las potencias del sur, las centrales y los países bálticos en esta cuestión. Para ello lo más efectivo, tal y como resalta la Comisión Europea, es el diseño de un marco de incentivos (a través principalmente de tasas, impuestos y transferencias) que promueva la independencia a la par que la unidad en materia de recursos energéticos. Es decir, se requiere diseñar un marco de incentivos que dé pie a un mayor ahorro energético, una mayor producción europea de energía y un incremento de la concentración a nivel logístico dentro de las fronteras de la UE. Dicho de otra manera, diseñar una política energética común de carácter estratégico.
En este asunto desde el plano económico los países más pobres dentro de la UE parten en desventaja, ya que el coste de la infraestructura necesaria para lograr en el medio plazo la mencionada independencia energética se elevaría a cientos de miles de millones de euros, aunque el plan de la Comisión Europea mantiene un presupuesto más moderado. En total, el plan presupuesta 300.000 millones de euros, de los cuales la mayoría son préstamos a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Por lo tanto, este dinero sería asignado a aquellos países que lo solicitasen, soliendo ser estos los más financieramente débiles como es el caso de España o Italia.
Aunque es cierto que los préstamos europeos a países miembros tiene un coste mucho menor que el comparable en el mercado, aún así suponen un incremento de los niveles de deuda pública de aquellos países que precisamente ya los mantienen en cotas muy elevadas, pudiendo verse desincentivados a solicitar dicha financiación. Por lo tanto, si realmente se quiere dar pie a una infraestructura y mercados energéticos comunes a nivel europeo, en el medio plazo esto debería ser financiado con un nuevo plan independiente de los fondos de recuperación europeos y que se ejecute a través de gasto conjunto y no con préstamos de la Comisión.
Aún si esto se lograra los desafíos políticos por delante para la consecución del mencionado objetivo no serían pocos. Un asunto muy relevante sobre el que se generarían significativas tensiones políticas en el seno de la Unión sería el mecanismo para la recaudación de fondos extraordinarios con los que llevar a cabo el plan de política energética común. La posición institucional de la UE con respecto a este asunto es abogar por una más rápida reducción del volumen total de créditos de carbono en el mercado para así incrementar su precio y, consecuentemente, la recaudación.
Esta no parece una buena estrategia, y menos aún en el actual momento de elevados precios de la energía. De hecho, no olvidemos que los países miembros deberían respaldar dicha política, y en el momento actual muy pocos estarían por la labor.
A pesar de todas las dificultades que pueda suponer el diseño e implementación de una política energética común a nivel europeo, la guerra en Ucrania ha mostrado las claras debilidades de la infraestructura energética europea y algunas relaciones de dependencia -como la de Alemania con Rusia por el gas- que solo contribuyen a debilitar a la Unión. Por lo tanto, las instituciones europeas han de proponer un plan de política energética común que sea factible no solo económica sino también políticamente a la hora de su implementación.