El pasado noviembre, la organización de jovenes activistas medioambientales “Aurora”, entre los que se encuentra Greta Thunberg, demandaron al Gobierno de Suecia por su política climática insuficiente e improductiva. Hace unos días, el tribunal dio el visto bueno tras considerar que el Estado sueco había incumplido los requisitos mínimos fijados. Sin embargo, este no es un caso aislado: otros grupos ecologistas han presentado demandas similares en otros países europeos como Alemania y Holanda.
Suecia tiene uno de los precios de combustible más altos del mundo, aunque ya lo tenía antes de la guerra en Ucrania.
La política climática de la UE introducida en 2018, basada en la obligación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% antes del 2030, supone costosas e ineficaces reducciones de emisiones en el sector del transporte. Los niveles de reducción se expresan como reducciones de emisiones en comparación con si todo el producto se hubiera basado en combustibles fósiles.
La obligación de reducción busca que los proveedores de combustible mezclen, en proporción, cada vez más biocombustible con combustible fósil para cumplir con los objetivos específicos de la lucha contra el cambio climático. El diseño actual es una herramienta de control que permite que el estado regule la cantidad de biocombustible que se debe mezclar.
La obligación de reducción debe contribuir a cumplir los objetivos climáticos de Suecia para el sector del transporte para 2030.
Un informe realizado por el Think Tank sueco “Timbro”, en concreto por la economista experta en asuntos ambientales Ellen Gustafsson, propone la obligación de reducción inversa. Esta reforma, además de ser económicamente más eficiente y preservar los incentivos para mezclar biocombustibles, reduciría las emisiones al plantear que parte de los mayores ingresos del estado se destinaran a bio-CCS.
Los biocombustibles generan emisiones de igual forma que los combustibles fósiles. La diferencia es que la biomasa que vuelve a crecer a su vez absorbe dióxido de carbono, por lo tanto, la quema de biocombustibles no produce emisiones netas de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que la biomasa en crecimiento secuestra el dióxido de carbono liberado durante la combustión.
En la práctica, la propuesta consiste en que los proveedores de combustible paguen una tarifa de reducción obligatoria escalonada por sus emisiones de CO2 y una tarifa de emisión equivalente al impuesto sobre el dióxido de carbono. Aquellos proveedores que no lograran alcanzar los requisitos climáticos mínimos impuestos por la UE pagarían además una gran multa.
La reducción que los productores de combustibles pueden acreditar se calcula teniendo en cuenta las emisiones relacionadas con la producción de biocombustibles y los efectos sobre el uso del suelo, las llamadas emisiones del ciclo de vida. Para 2022, la obligación de reducción del diésel es del 30,5 por ciento. Si, por ejemplo, los biocombustibles resultaran en un 50 por ciento menos de emisiones durante el ciclo de vida que los combustibles fósiles, el 61 por ciento del diésel tendría que consistir en biocombustibles.
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