En las últimas semanas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha emitido diversos comunicados, en relación con su informe sobre las perspectivas económicas de los distintos países que integran dicho organismo. En estos informes se exponen las previsiones que la OCDE baraja sobre el comportamiento que mostrarán las distintas economías en los próximos meses; unas previsiones que, si bien auguran un escenario más optimista para economías como Alemania o Italia, son más pesimistas cuando se trata de la economía española.

En este sentido, lo que nos muestra el informe sobre España es que la caída esperada para este año es la mayor registrada por una economía, salvaguardando la economía argentina, durante esta crisis. En este contexto, hablamos de una contracción muy superior a la registrada por Alemania, del -5,5%, así como la registrada, de la misma forma, por otras economías como Italia (-9,1%), Francia (-9,1%), Portugal (-8%) o Grecia (-10,1%). De acuerdo con el informe, hablamos de una contracción del -11,6%, con crecimientos más débiles en los próximos años. 

Como vemos, un escenario muy en la línea de lo previsto por otros organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Bruselas o el propio Banco Mundial, que barajaban un mayor deterioro en escenarios en los que se materializasen determinados riesgos como los rebrotes. No obstante, entre esos riesgos que presenta la economía española, pese a su importancia, no todos están igualmente abordados en estos momentos. El COVID, o los relacionados con él, han ganado mayor relevancia en los últimos meses, desplazando estos otros asuntos a un segundo plano y postergando, como en otras muchas ocasiones, las reformas pertinentes para acometerlas en otro momento. 

En lo que al sistema de pensiones español se refiere, la OCDE tampoco se ha cohibido a la hora de mostrar su opinión. En este sentido, el deterioro que prevé experimentar la economía española, que crece en tanto en cuanto crece la factura que nos deja el COVID y sus sucesivas oleadas, deja a la economía peninsular en un escenario muy complicado. Si la situación previa ya arrojaba un déficit cercano al límite establecido por los PEC en Bruselas, si la deuda ya suponía entonces el 100% del PIB, el nuevo escenario prevé arrojar un déficit que podría situarse en el 11%, así como una deuda que podría ascender hasta situarse en el 120% del PIB.

Por lo que arrojan las previsiones, si hablábamos de un fondo de maniobra muy escaso en momentos previos a la pandemia, el nuevo escenario nos deja un fondo prácticamente agotado. Y es que, por muy necesario que sea el gasto para recuperar la economía, por muy ambiciosas que sean nuestras políticas anticíclicas avaladas por el grandísimo John Maynard Keynes, que el gasto en España estos años ha sido desorbitado y que el despilfarro que se ha hecho ayer nos pasa factura hoy es algo que ningún economista que se precie puede negar. Pues la falta de voluntad política, en todas direcciones, nos ha llevado a un escenario del que difícilmente escaparemos airosos.

Así pues, sobre este mismo asunto se manifestaba la OCDE, haciendo hincapié sobre el problema que representa dicha obligación para muchas economías en el planeta, teniendo en cuenta el deterioro previsto en lo que a su situación financiera se refiere. Sobre este aspecto, hace unas semanas publicaba un informe, desde Fundación Civismo y en colaboración con la Friedrich Naumann Foundation y el Instituto Juan de Mariana, en el que abordábamos el problema que presenta el sistema de pensiones en nuestro país, los factores que condicionan su sostenibilidad, así como las posibles reformas a aplicar y que, pese a estar avaladas por numerosos catedráticos, siguen sin ser oídas en el Congreso.

En este informe, al igual que la OCDE, se advierte sobre el problema que representa para las pensiones el declive demográfico europeo, así como otros asuntos relacionados, entre los que se destaca la situación de una hucha de las pensiones que, aun siendo un asunto del pasado, se encuentra vacía; el altísimo paro estructural y juvenil, así como otros problemas asociados, como el elevadísimo peso de estas, nuestras pensiones, en el gasto público, así como el hecho de que parte de estas pensiones se pagan con una deuda que crece a pasos agigantados. Unos problemas que, en adición a ese deterioro que prevé el organismo, podrían agudizar un problema, ya estructural, de nuestra economía.