El sistema público de pensiones en España es de reparto, contributivo y de prestación definida, es decir, que las cotizaciones van directamente a financiar las rentas de jubilación actuales, basándose en el principio de generosidad intergeneracional.

Además, existe una correspondencia entre las contribuciones realizadas durante la vida laboral y la pensión que se recibe en el momento del retiro, que se define principalmente por el historial de empleo (años cotizados y bases).

Esta tendencia se ha ido revirtiendo tras las últimas reformas implementadas en 2011 y 2013, donde se incluyen un factor de longevidad (ajuste automático de la pensión a la evolución de la esperanza de vida) y un factor de sostenibilidad (el Índice de Revalorización de las Pensiones desliga la actualización anual de la evolución del IPC para adaptar las cuantías a la situación financiera del sistema). Esto explica la revalorización del 0,25% anual experimentada desde 2013 (mínimo previsto), en respuesta a que las cuentas de la Seguridad Social empezaran a arrojar déficits desde 2012.

La situación de las pensiones en España se ha ido agravando con el paso de los años debido fundamentalmente a dos factores: el rápido envejecimiento de la población y las bajas tasas de productividad que repercuten en los niveles salariales. En este sentido, tanto el INE como la Comisión Europea prevén un incremento de la esperanza de vida de entorno a seis años en las próximas cuatro décadas. De este modo, la tasa de dependencia (la ratio entre los mayores de 65 y la población de entre 20 y 64) pasará del 30% en 2014 al 68,9% en 2049 e incluso al 73% en 2056.

Por otro lado, la tasa de reposición (relación afiliados pensionistas) se sitúa actualmente en los 1,75 puntos, el problema es que por debajo de dos se considera que el sistema es deficitario, y esta tendencia se agudizará hasta que tan sólo haya un trabajador por pensionista (1,27 en 2060), según los datos del think tank Civismo.