Generar empleo y prosperidad constituye la meta de todo político, pero hacerlo en las regiones rurales no resulta fácil. De un lado, la modernización del campo supone la destrucción de mano de obra; de otro, el valor añadido de la actividad agropecuaria es bajo. Por eso el fenómeno de la despoblación rural o el envejecimiento acelerado de amplias zonas de la geografía nacional cabalga sin freno. El único modo de paliar ese deterioro es fijar población al territorio mediante la creación de tejido productivo industrial, que es el que crea más puestos de trabajo.
Si bien más de la mitad de la economía se basa en los servicios, el sector secundario juega un papel esencial en la cadena de valor. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2016, muestran una recuperación paulatina, especialmente en la industria manufacturera y en la energética. La primera representó el 81,5% de la cifra de negocio y el 89% del personal ocupado. Casi nueve de cada diez empresas industriales eran manufactureras. Por su parte, el 14,6% de la facturación correspondió a suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Estas empresas ocuparon al 2% del personal.
En la desagregación por regiones hay un dato clave: la industria más competitiva en términos de producto por empleado, salarios y con un mayor peso sobre la facturación total del sector es la agroalimentaria (con el 16,6% del total). Le siguen la del automóvil (12,2%), la producción de energía eléctrica (12,0%) y, a mucha distancia, la química o farmacéutica.
Los dos primeros segmentos (agroindustria y automóvil) constituyen una ventaja competitiva muy valiosa para nuestra economía, ya que forman parte del ‘top 3’ de las exportaciones españolas. El 31,9% de las ventas de las empresas del sector industrial en 2016 se realizó fuera de España: el 22,7% a países de la UE, y un 9,2% al resto del mundo, según el INE.
Más actividad en la industria manufacturera conlleva más facturación y subidas salariales. Pasa en Cantabria (+7% entre 2016 y 2015), Murcia (+6,1%), Castilla y León (+5,3%) y La Rioja (+5,2%), que crecieron por encima de la media nacional. Salvo Canarias, donde los sueldos en el sector han bajado (sobre todo en la rama energética), en el resto de autonomías se observa un aumento, aunque más bajo en Aragón, Valencia y Navarra. Influye de forma decisiva la llegada de nuevos modelos para las fábricas automovilísticas.
Por eso la reindustrialización ha de ser realista, pro-mercado y reformista, no un destino sin más de fuertes inversiones públicas y subvenciones. Estas ayudas penalizan a las empresas productivas, y sostienen artificialmente sectores ruinosos. Mantener actividades en pérdidas exige impuestos que frenan esa reindustrialización. Y el abuso autonómico de tributos propios, como los 18 que tiene Cataluña, tampoco facilita que se cree empleo manufacturero para la buena marcha de una región