Arranca la primera semana de lo que se pretende que sea el inicio del fin de una pandemia. Una pandemia que ha dejado duras secuelas a la sociedad, tanto en materia económica como sanitaria, pero que ya comienza a disiparse con el paso de las semanas. Así, el inicio de la desescalada, la fase 0, como la ha denominado el Gobierno de España, comienza con la reapertura de comercios y nuevas normas para la economía española. Unas normas que, ya en la práctica, han suscitado la polémica para más de un sector económico. Y es que, pese a lo que a priori se podría considerar una buena noticia, de no hacerlo de otra forma, para determinados ámbitos, puede acabar siendo un lastre.
Antes de nada, es hora de que vayamos conociendo cómo se comporta la economía y recordemos algunos de los principios básicos de esta. Conceptos tan básicos como que de nada sirve abrir comercios, por pequeños que sean, si no contamos con un consumo, como poco, residual. Pues, aunque a veces olvidemos cómo se comporta el ciclo, el que el gasto de un agente significa el ingreso de otro es un principio que no debemos olvidar. Menos en un escenario como el actual, donde la percepción es que el único hecho de abrir reactivará una economía que, como incluso ha avisado la propia Nadia Calviño, no prevé comportarse todo lo bien que se esperaba.
Desde Fundación Civismo, las previsiones que fijamos para el PIB situaban la economía española en una contracción que podría oscilar entre el -9% y el -11%. Finalmente, tras la actualización de Calviño en la rueda de prensa de la semana pasada, lo que a priori era una contracción del -7%, en cuestión de días ha pasado a ser del -9,2%. Es decir, la economía española, ante el parón de la economía y el duro shock de oferta -que no de demanda, como dijo Calviño- han provocado descensos notables en la actividad económica. Descensos que, como ya adelantan numerosos estudios, no solo ha tenido efectos en la actividad económica de las empresas, sino que también en unos empleados que han visto peligrar sus niveles de renta.
Si uno se para a pensar en la economía española, con un 0,12% del tejido empresarial compuesto por grandes empresas, en contraposición a un 99,88% del mismo que se compone de pequeños y medianos empresarios, podemos hacernos una idea -a mi parecer bastante clara- sobre cómo es la situación de las empresas españolas y sobre cómo son los empresarios en el país. Los escasos recursos de los que dispone una pequeña empresa, en un país donde el tejido productivo es escasamente productivo, compaginado con unas empresas carentes de liquidez, la pérdida de capacidad productiva es un riesgo al que le viene asociado la consecuente pérdida de renta que se produce cuando estas empresas atraviesan dificultades.
Con un 89% de las empresas españolas en posesión de 10 o menos empleados, las empresas españolas presentan serias dificultades para el refuerzo de sus plantillas. En un escenario en el que el país penaliza a aquellas empresas con mayor crecimiento, así como la situación de una productividad que lleva años estancada, el empleo se ha convertido en uno de los bienes más preciados en el país. Máxime en un territorio en el que el mayor motor de empleo goza de una temporalidad del 32%, así como un desempleo estructural en el país que supera el 14% -33% en términos juveniles-. Un desempleo que, de acuerdo con el Banco de España, se va a disparar por encima del 22%.
En este sentido, estamos hablando de una quinta parte de la población española (1/5) que se encontraría en situación de desempleo cuando la tormenta se disipase.
Las secuelas económicas de la pandemia no solo tienen un claro impacto en las empresas, sino, como hablábamos, los niveles de renta de los españoles, así como la propia totalidad de ingresos, están en claro peligro. Y es que no hay decreto, por riguroso que sea, que pueda paralizar la pérdida de capacidad productiva y la destrucción de empresas. Podemos acabar con los despidos por decreto, pero no podemos acabar con la quiebra de empresas. Y más importante aún, lo que puede solventarse con una adaptación de plantilla y dos despidos, de no tener capacidad, podría llevar a la empresa a una quiebra forzosa y lo que a priori eran dos despidos, ante la incapacidad, posteriormente sea la plantilla al completo.
Comenzaba el texto hablando sobre la importancia del consumo y el peligro de que los niveles de renta en el país se reduzcan, pues de nada sirve abrir el comercio al público si posteriormente se carece de ese público que debe asumir su papel como consumidor para reactivar la propia economía. Un consumo que, debemos tener en cuenta, no se podrá recuperar si los niveles de renta no se sostienen. Y es aquí donde queríamos llegar con todo este asunto, pues numerosos estudios difieren de afirmaciones más que autocomplacientes que contemplan una reactivación del consumo en “V”; asimétrica, normal, como la quieran llamar, pero en “V”.
De acuerdo con un estudio que realiza la consultora EY, así como otros estudios que realiza BBVA junto a la Universidad de Cambridge, entre otros más que tratan de analizar el comportamiento futuro del consumidor, así como la posibilidad de vislumbrar cambios en los patrones de gasto, el consumo tenderá a reducirse en los próximos meses. Y es que EY recoge en su estudio sobre consumo que el 59% de los encuestados prevé que sus ingresos se van a ver mermados tras la crisis, por lo que su consumo bajará. Algo parecido a lo que indica BBVA junto a la universidad de Cambridge, que también recoge un descenso en el consumo bastante importante; coincidiendo así, cabía destacar, el análisis que realizaba el economista Trías de Bes, donde recogía una encuesta en la que el 70% de los sondeados pretendía ahorrar tras el confinamiento ante la dura crisis que se avecinaba.
Y es que, en resumen, estamos hablando de una situación en la que los niveles de consumo, como arrojan los estudios e informes analizados, son bastante desalentadores. En este sentido, debemos facilitar a las empresas las herramientas para ir adaptando sus corporaciones a la actividad económica de forma progresiva. Si no se cuenta con la flexibilidad necesaria para ir adaptando tanto los costes operativos como la propia plantilla a la nueva normalidad, como definió el propio Gobierno, las empresas españolas podrían verse bastante afectadas. Más en un escenario en el que la propia escasez de liquidez, sumada a un escaso tamaño que limita sus recursos, podría provocar la quiebra de muchas ellas, consolidando así unas pérdidas irreparables para nuestra economía.