Cuando se reparte el dinero de todos hay que hacerlo respetando la equidad, porque, si no, aparece el efecto perverso: los que trabajan con salarios bajos viven peor que los ‘listos’ que prefieren el ocio. Si se pretende que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegue a los que verdaderamente lo necesitan, esos que intentan todo lo que pueden por salir adelante, pero no logran un nivel de vida aceptable, la normativa debe prevenir los abusos. Sugeriré algunas recomendaciones para quienes cobran el IMV.

La primera es la obligación de aceptar el trabajo que se les ofrezca, siempre que tengan aptitud para desempeñarlo y puedan acudir en transporte público. Resultaría lamentable que la fruta y la hortaliza se quedara en el campo sin recoger porque hay personas con condiciones físicas, al menos para media jornada, a las que les apetece más meter horas en la tumbona.

El receptor del IMV debiera comprometerse a realizar una contraprestación para la comunidad, al menos de media jornada. Esta condición la demandan los gobiernos de países más ricos que el nuestro. Hay muchas tareas útiles que se podrían desempeñar. Por ejemplo, limpiar los bosques o ríos, hacer compañía o pasear el carrito de un anciano que reside en un asilo, enseñar alguna habilidad (cocina y demás labores domésticas), ayudar a que los emigrantes extranjeros aprendan nuestro idioma, y tantas otras labores de voluntariado. No solo estos quehaceres reportarían beneficios a la sociedad, sino que quienes los llevaran a cabo tendrían la satisfacción de corresponder a la protección recibida.

Otra medida para quienes estuvieran motivados consistiría en la permuta de los trabajos sociales citados por una participación, con aprovechamiento, en cursos de formación gratuitos que favorezcan su incorporación a la vida laboral. Esta opción puede convertirse en una solución definitiva, en lugar de en un parche más. Hay que recordar que el problema de la pobreza se resuelve mejor enseñando a pescar que regalando pescado. La inestabilidad del mercado de trabajo se palía impartiendo formación al empleado, para que pueda enfrentarse a un futuro cercano que va a ser muy distinto.

Otras disposiciones establecerían que resultase compatible el cobro de media ayuda garantizada y de los salarios de los empleos que se aceptasen y que fueran del orden del salario mínimo, además de penalizar el fraude de quienes trabajaran en la economía sumergida. Por último, también convendría una mayor colaboración entre todas las entidades que otorgan beneficios sociales, tanto públicas como privadas (Cáritas, Banco de Alimentos y demás ONG), mediante un fichero único de personas a las que se hubiera ayudado. No es justo que quienes han hecho del arte de conseguir prestaciones una profesión vivan mejor que quienes las sufragan con sus impuestos.

Fundación Civismo ha presentado la investigación ‘¿Ingreso Mínimo Vital para la crisis del coronavirus?’ (https://cutt.ly/tyCLX9v), en la que efectúa una comparativa internacional y analiza el riesgo de la institucionalización de la pobreza, en lugar de su erradicación. Los países que han reducido el número de personas vulnerables han adoptado un modelo más flexible: el de la Renta Universal Básica. Sin embargo, con franqueza, y dada la idiosincrasia de España, no se puede asegurar que lo que funciona en otras naciones tenga éxito aquí. El informe concluye que la aprobación del IMV debiera condicionarse a garantizar un sistema de financiación que goce de sostenibilidad futura. La pobreza no se resuelve gastando a manos llenas, sino invirtiendo con inteligencia en medidas que logren que esas personas, por sí mismas, puedan prosperar. El peor temor que tengo reside en el avance del clientelismo populista, ese que prefiere que aumenten los pobres para cosechar sus votos.