Los empresarios siguen muy de cerca lo que pueda suceder con la reforma laboral en las próximas semanas. El Gobierno ya ha anunciado que va a exprimir todas las vías legales posibles para modificar la legislación de 2012 en lo que resta de legislatura y, a la espera de conocer en qué consistirá exactamente esa ‘contrarreforma’, los empleadores ya han tomado medidas de contingencia ante la incertidumbre. La primera, frenar en seco la contratación indefinida, algo que no había sucedido en ningún mes a lo largo del último lustro.
Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo muestran un descenso en el número de contratos fijos firmados en febrero del 3,21% respecto al mismo periodo de 2018, lo que se traduce en 5.590 trabajadores estables menos. Hay que retroceder hasta enero de 2014 para observar una caída anual en los indefinidos. Desde entonces, mes a mes, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) siempre había registrado avances en este tipo de relaciones laborales. Sin ir más lejos, a lo largo del año pasado se llegaron a ver alzas de hasta más del 20% en algunos meses, como se puede observar en el gráfico que precede a estas líneas.
Pero estos incrementos tenían ‘truco’. Por ejemplo, en agosto, a pesar de registrarse la mayor destrucción de empleo en ese mes en la última década, se firmó un incremento histórico de contratos indefinidos de más del 33%. ¿A qué se debió esa incongruencia? Hay que recordar que por aquel entonces la ministra Magdalena Valerio puso en marcha su ‘Plan Director por un Trabajo Digno’, que se lanzó con el envío masivo de cartas a empresas que presentaban indicios de fraude laboral, es decir, que abusaban de la contratación temporal o hacían contratos a tiempo parcial cuando en realidad se trataba de jornadas completas.
El Gobierno dio un toque de atención a estas compañías, y obtuvo sus frutos: en 2018 se logró un récord de conversiones de contratos temporales en indefinidos al producirse 837.988 conversiones, “el dato más elevado de los últimos diez años y muy cerca de los niveles previos a la crisis económica”, según detalla un reciente estudio de Randstad. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo reconocen que el efecto de los planes de choque ya se está diluyendo y también atribuyen el desplome de la contratación fija en febrero a que este año “la Semana Santa cae más tarde, lo que ha podido retrasar algunas decisiones de contratación por parte de las empresas”. Con todo, insisten en que “se trata de un dato mensual, que no marca una tendencia”.
Cierto es que los datos mensuales deben tomarse con cautela. No obstante, algunos economistas advierten ya de que se está produciendo un cambio en la dinámica del ciclo y algunas decisiones del Gobierno están empeorando la situación. Es el caso de Javier Santacruz, jefe de investigación del Think Tank Civismo, que ha palpado entre los empresarios “cierto miedo a arriesgarse, a la espera de que se clarifique el marco legal en torno a la reforma laboral”.
El impacto del nuevo SMI
El Gobierno socialista llegó al poder con el compromiso de crear empleo de calidad, pero en la evolución de los contratos parecen estar pesando más las dudas que están generando sus decisiones en materia laboral. “En enero ya observamos que los contratos indefinidos pasaban a crecer la mitad que en los últimos meses de 2018 y el retroceso en febrero ha sido importante”, señala el presidente de IMF Business School, Carlos Martínez. A su juicio, en esta caída de la contratación fija “ha tenido mucho que ver la fuerte subida del salario mínimo, que ha provocado el miedo entre los empresarios que temen comprometerse con los trabajadores a tiempo indefinido, por lo que pueda pasar”.
Coincide con él Alejandro Aradas, abogado especializado en Derecho Laboral, quien constata que el encarecimiento de las contrataciones a partir de enero se ha notado en las plantillas. Es más, abriendo el foco hay que fijarse no solo en la subida del SMI, sino también en otras decisiones adoptadas por el Ejecutivo como el consecuente incremento del 22,3% en las bases mínimas de cotización y el aumento de las máximas en un 7%.
Los empresarios ya advirtieron hace semanas de que el encarecimiento de las contrataciones tendría un impacto negativo en el empleo. Este lunes, tras conocer los datos de paro y afiliación de febrero, la CEOE reclamó que “se evite que incrementos de las cargas burocráticas, de los costes laborales y de los gravámenes a las empresas obstaculicen la creación de empleo o redunden en pérdidas de este”.
Eliminación de bonificaciones
No hay que olvidar el efecto en los datos de principios de año de la eliminación de algunas modalidades contractuales y bonificaciones al caer el paro bajo el 15%, decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez en diciembre de 2018, aprovechando el ‘megadecreto’ que incluía la subida de las pensiones para este año. Se trata de los contratos estrella del PP, que crearon casi 1,5 millones de puestos de trabajo en los últimos seis años, especialmente los indefinidos de apoyo a emprendedores, con más de un millón. En Trabajo, sin embargo, descartan este impacto, pues a su parecer “este tipo de contrato estaba dando unos resultados escasos”.
Pero más allá, “por el momento, y ante la amenaza de que se puedan eliminar ciertas bonificaciones y deducciones fiscales, los empresarios prefieren hacer contratos por horas, aunque salgan más caros, por no asumir el riesgo de tener que ejecutar despidos que encarezcan el coste laboral más adelante”, considera Santacruz.
Todo esto, unido al adelanto electoral y a los anuncios precipitados de cambios en una reforma laboral que ha venido creando empleo desde el hundimiento de la crisis, ha provocado este parón en la contratación indefinida que Aradas atribuye a “una suma de varios acontecimientos en los últimos meses”, pues “no hay una causa principal”. Tampoco Martínez señala un único factor, y advierte de que el mercado laboral se encuentra “en medio de una montaña rusa de inestabilidad continua”.
Hay que recordar que, hasta donde ha adelantado Valerio, la reforma laboral socialista se basará en cuatro medidas: la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios, la regulación de las condiciones de las subcontratas y la imposición de un registro horario obligatorio en las empresas. Todas ellas quedarán plasmadas en uno de los Consejos de Ministros que restan hasta las elecciones del 28 de abril y deberán después ser convalidadas en la Diputación Permanente, lo que genera aún más dudas entre los empresarios. Por el momento, el Gobierno no tiene garantizados los apoyos y, de tumbarse estos decretos leyes a posteriori, “estos vaivenes normativos tendrán un grave impacto en el empleo”, advierte Martínez.