El Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) en Europa, que se implantará en once países  de la UE el próximo año, podría  destruir hasta 640.000 puestos de trabajo, 81.000 en España, según  un estudio, realizado por el think tank New Direction de Bruselas, colaborador directo del think tank Civismo.

Este impuesto se está convirtiendo cada vez más en un asunto controvertido, con el gobierno de Reino Unido lanzando un desafío legal y el francés exigiendo cambios a gran escala a principios de este mes.

El estudio The Real Economic Impact of a European Financial Transaction Tax pone en tela de juicio el propio análisis de la UE. El informe considera que la Comisión Europea hace oídos sordos a  los efectos negativos de esta medida, centrándose únicamente en  cómo gastarían el dinero recaudado, unos 34.000 millones de euros, los países miembros.

“La Comisión Europea sabe que el Impuesto sobre las Transacciones Financieras causará graves daños económicos, sin embargo ha estado desviando la atención centrándose en las posibles salidas que se le podría dar a ese dinero”, dijo Tom Miers, director de New Direction.

Bajo esta premisa se postula Julio Pomés, presidente del think tank Civismo, quien añadió: “Las empresas e inversores que más operan en los mercados se marcharán a los países europeos donde ese tributo no existe y al final las pérdidas reales superarán a los ingresos”.

“Es hora de desechar este impuesto peligroso una vez por todas”, concluyó Miers.

A principios de julio, el pleno de la Eurocámara respaldó por 522 votos a favor, 141 en contra y 42 abstenciones la introducción de la tasa a las transacciones financieras internacionales en España y otros 10 países.

El Parlamento Europeo, cuya opinión no tiene carácter vinculante, ha venido defendiendo esta medida en los últimos años.

Los eurodiputados respaldaron la propuesta de Bruselas según la cual la tasa gravaría con un 0,1% las transacciones con acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados.

Países involucrados

Además de España, el resto de países que participan en la cooperación reforzada sobre la Tasa Tobin son Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia.  Estos países han decidido avanzar en solitario para sortear el veto de Reino Unido, que sostiene que la tasa provocará una deslocalización de la industria financiera.

Bruselas quiere que el nuevo impuesto, que debe ser aprobado por unanimidad por los once Estados miembros, entre en vigor en 2014.