Las cifras del paro son buenas para octubre, pero siguen siendo trágicas para muchas familias. El peor drama de una persona es tener que sobrevivir como un dependiente social o, lo que es peor, como un indigente. Sin embargo, nuestros gobiernos, todos los que hemos tenido hasta ahora, han priorizado la recaudación frente a disposiciones que incentiven la contratación. La causa es clara: el sistema debe ser sostenible, un objetivo que el acelerado déficit de la Seguridad Social hace cada vez más inasequible.

El «think tank» Civismo presentó ayer su informe «Un marco fiscal para el empleo», una concienzuda investigación que esclarece las causas de la precaria situación laboral que vive el país. El estudio está contrastado con múltiples comparativas internacionales, lo que concede rigor a sus conclusiones. Citaré las tres más significativas.

La primera es que España es el segundo país con las cotizaciones a la S. Social más elevadas de Europa. Para tener una pensión pública, el trabajador cotiza seis puntos más que la media de la UE-15 (un 30% más que Alemania).

Un segundo aspecto es que las cotizaciones sociales suponen el 35% de los ingresos del Estado, lo que las convierte en el impuesto más alto de todos los existentes. Esto tiene el agravante de que el 83,28% del importe lo pone el empresario. En aras de la transparencia y para advertir del coste real del «gratis total» convendría que las cotizaciones salieran del salario bruto del trabajador.

Por ultimo, resulta injusto que España sea uno de los seis países de toda la OCDE en los que un autónomo tenga que cotizar aunque no gane ni un euro. Lo lógico sería que se pagara un porcentaje del salario o que hubiera un mínimo exento, tal como ocurre en los países con menos paro.

La mejor receta para generar empleo es que no se maltrate al que trabaja con cotizaciones confiscadoras, sino que se necesite recaudar menos por un recorte del gasto público no productivo, comenzando por el de nuestras hipertrofiadas administraciones.