Estos días, unos 300.000 estudiantes de toda España se enfrentan a las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). El examen es muy asequible a tenor de los porcentajes de aprobados. En 2018 lo superaron el 96,6% y la nota media ascendió a 6,622 puntos. Lo que de verdad se juegan los candidatos no es la entrada en la Universidad, sino algo más importante: elegir la carrera que les permitirá desempeñar la profesión con la que sueñan.
A diferencia de España, hay países en los que las EvAU son las mismas para todos los candidatos de la nación, en los que los programas y los criterios de evaluación resultan idénticos y muy objetivos. La ventaja de un sistema nacional unitario es innegable: asegura la igualdad de oportunidades para competir en el acceso a las plazas disponibles de todas las universidades del país. Tal vez, la auténtica razón por la que España carece de un procedimiento de evaluación uniforme sea que delataría la mala gestión de las competencias educativas de una comunidad. Así, las 17 selectividades de las CC AA responden a temarios y criterios distintos. Ni siquiera coinciden las tasas que se han de abonar por el examen. Por ejemplo, los aragoneses tendrán que pagar 124 euros, seguidos por los riojanos, con 115.
Unas cantidades muy alejadas de los 53 euros que cuesta en Castilla-La Mancha o los casi 59 de Andalucía. Luego también existen diferencias estructurales de cada comunidad autónoma, como el porcentaje de personas que se matriculan para realizarlo. En el País Vasco, en 2018, lo hicieron casi un 68% de los jóvenes de 18 años, lo que sitúa a esta región a la cabeza, seguida de Asturias (65%), Madrid (62,1%) o Galicia (62%). En el extremo contrario, encontramos a Baleares, con un 43,6%, a Castilla-La Mancha, con un 47,1%, o a Valencia, con un 50,2%.
Estas cifras influyen directamente en el porcentaje de ocupados que cuentan con estudios superiores, algo que apoya la alta correlación (0,722) entre las dos columnas de la tabla. País Vasco lideró también este ranking, con un 55,9% en 2018, y las mencionadas Asturias y Madrid presentaron asimismo las proporciones más altas, con un 50,9% y un 51,9%, respectivamente; mientras que las más reducidas se concentraron en aquellas comunidades cuyos jóvenes más prescinden de la Selectividad: un 32,8% en Baleares, un 33,4% en la región manchega o un 35,6% en Canarias.
Resulta curioso el caso de Extremadura, cuya tasa de alumnos matriculados en este examen se alinea prácticamente con la media española, pero donde los ocupados con estudios superiores apenas representan el 32,6% del total, la proporción más baja del país. Esto podría indicar que allí se encuentra más trabajo en otros sectores que no requieren ese nivel de cualificación. Algo similar ocurre en Andalucía. Por el contrario, en Navarra, pese a hallarse por debajo de la media nacional en cuanto a jóvenes que se someten a esta prueba (53,1%), luego son aquellos con estudios superiores los que más se emplean (suman el 50,5% del total). Por último, convendría animar a los nuevos gobiernos autonómicos a que se pongan de acuerdo en un sistema de evaluación común, que detecte la calidad de nuestra educación y sirva para mejorarla.