Tras dos décadas de crecimiento, la crisis financiera de 2008 golpeó a España con dureza. Salieron a la luz entonces las debilidades institucionales y las distorsiones estructurales de una economía que había relajado su agenda reformista tras un fuerte impulso que había estado ligado a la entrada a la Unión Europea y la Eurozona. Al igual que en Estados Unidos y otros países, el boom crediticio observado a principios de la década del 2000 alimentó una burbuja inmobiliaria que estimuló la demanda, el empleo y los ingresos públicos. Sin embargo, una vez estalló la Gran Recesión , ese insostenible modelo de desarrollo se cayó como un castillo de naipes. Desde entonces, los precios de la vivienda han vuelto lentamente a niveles más razonables, con una caída del 45 por ciento en términos reales. Entre tanto, el desempleo ha llegado a niveles insostenibles, alcanzando un pico por encima del 25 por ciento en 2012-2013. La deuda pública creció del 40 al 100% del PIB, a raíz de unos ingresos fiscales menguantes, un déficit público excesivo y una total falta de disciplina presupuestaria en el sector público.
El rescate al sistema financiero, que llegó a contar con ayuda del resto de socios europeos, reveló la debilidad de las entidades semi-públicas. Así, aunque la banca privada demostró su resistencia en una situación de importante estrés, las cajas de ahorro se desmoronaron, pasando de casi 50 a menos de 10 entidades.
En los últimos cuatro años, diversos ajustes estructurales han reforzado las perspectivas para la recuperación. La libertad económica, sin embargo, permanece estancada en niveles inferiores a los observados antes de la crisis. Son necesarios, por tanto, más esfuerzos encaminados a liberalizar la economía y estimular su competitividad y dinamismo.
Un Estado demasiado grande
Cuando el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista (PSOE) inauguraron la legislatura que arrancó en 2008, la agenda gubernamental ante la crisis consistía en negarla, a pesar de que todos los indicadores macroeconómicos alertaban del fuerte deterioro de la economía.
Finalmente, el Ejecutivo pasó a la acción, pero en lugar de afrontar la compleja situación fiscal del país con recortes de gasto, recurrió a medidas de estímulo que no hicieron más que empeorar la situación. Finalmente, en 2010 se introdujeron algunas tímidas medidas de austeridad (incluían un recorte del 5 por ciento a los salarios de los funcionarios o una congelación de las pensiones) pero el grueso del ajuste recayó sobre los hombros de los contribuyentes, a través de aumentos en IRPF, IVA, Sociedades…
A finales de 2011, la llegada al gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular (PP) supuso la puesta en marcha de un plan de reducción del déficit más agresivo, si bien los recortes en el gasto fueron inferiores a las subidas de impuestos. De hecho, entre 2012 y 2013, el Ejecutivo popular aprobó una treintena de alzas fiscales.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, el impacto de todas las subidas tributarias aprobadas desde que empezó la crisis asciende a más de 50.000 millones de euros, un 5% del PIB. Esta importante subida del esfuerzo fiscal supone un importante freno para el crecimiento. También es importante destacar que numerosos gobiernos regionales siguieron una agenda muy parecida, aumentando impuestos y tasas en 120 ocasiones diferentes. Además, los Ayuntamientos aprobaron incrementos significativos de los tributos municipales, lo que condujo a un aumento del 40 por ciento en los ingresos recaudados por IBI y tasas.
Las reformas fiscales acometidas entre 2014 y 2016 por el gobierno popular han empezado a corregir esta situación. Sin embargo, los impuestos siguen consumiendo el 38 por ciento de la renta nacional y recaen, además, sobre una base fiscal más reducida (debido al elevado desempleo y al peso de la economía sumergida). Mientras tanto, el sector público sigue gastando alrededor del 44 por ciento del PIB.
Con un déficit presupuestario cercano al 6 por ciento del PIB en 2014 y al 5 por ciento del PIB en 2015, queda claro que es necesaria una nueva ronda de consolidación presupuestaria. Además, la deuda pública se sitúa cerca del 100 por ciento del PIB y supone una factura de 60.000 euros por ocupado. Por tanto, cuanto antes ponga fin España a su déficit público, mejor. De especial importancia para este reto es controlar el gasto de los gobiernos regionales.
La amenaza del populismo a los derechos de propiedad
En general, los derechos de propiedad están razonablemente bien protegidos en España. Sin embargo, en los últimos años, algunos políticos han respaldado abiertamente la expropiación de las propiedades de los bancos. Y lo que es más preocupante, los derechos de propiedad están amenazados por el ascenso de Podemos, un partido populista y comunista que consiguió el 22% de los votos en las Elecciones Generales de diciembre de 2015. De hecho, el programa de Podemos hace un llamamiento a la expropiación de determinados activos de los bancos y también plantea la posible nacionalización de ciertos sectores.
Mientras tanto, los escándalos de corrupción siguen menoscabando el respeto por el Estado de Derecho. Los partidos políticos son vistos por la opinión pública como las instituciones más afectadas por la corrupción, siendo la financiación de las campañas el principal punto de desconfianza. Esto ha perjudicado el resultado electoral de PP y PSOE. Además, líderes de Podemos se han visto envueltos en escándalos relacionados con dinero proveniente de los chavistas venezolanos.
Mejorar y ampliar la reforma laboral
La principal razón para que la tasa de desempleo haya superado el 20 por ciento en diversos momentos de las tres últimas décadas es la excesiva rigidez de la ley laboral española. Esta legislación ha fomentado un sistema desigual, ya que protegía a algunos puestos de trabajo a tiempo completo a costa de un escenario mucho más desfavorable para los trabajadores a tiempo parcial. A esto sumamos otros dos problemas: la flexibilidad salarial ha estado muy limitada por el excesivo peso de la negociación colectiva y los costes de despido se han situado históricamente entre los más altos de Europa. Los jóvenes fueron los que más han sufrido las consecuencias de este sistema, con tasas de paro que superan el 50 por ciento.
La reforma laboral de 2012 introdujo más flexibilidad en el mercado laboral. Ha bajado notablemente el alcance de la negociación colectiva, lo que facilita los ajustes salariales y ayuda a mantener el empleo sin despidos. Además, el abaratamiento del despido anima la contratación indefinida y, de hecho, en los dos últimos años se ha creado un millón de nuevos empleos. España ha mejorado su posición en el índice Doing Business del Banco Mundial, pasando del puesto 39 al 33 entre 2007 y 2015.
Todo lo anterior debe empujar al próximo gobierno a mejorar y ampliar la reforma laboral. Pero también queda mucho por hacer en otros campos. Por ejemplo, la Ley de Unidad de Mercado es crucial para reducir la burocracia y facilitar el desarrollo empresarial. Además, el modelo fiscal de regiones como Madrid, donde las rebajas de impuestos están a la orden del día, debe ser emulado por el resto de territorios para generar un clima más favorable para empresas y trabajadores.
Referencias
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