El acuerdo transatlántico de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y EEUU (el TTIP, por sus siglas en inglés) es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas españolas. Eliminar las barreras que impiden comerciar libremente con el mercado norteamericano permitirá a las pymes nacionales crear 334.000 empleos netos en los primeros cinco años, gracias al aumento de las exportaciones.

Los datos son claros: EEUU es el primer mercado de exportación de las empresas españolas fuera de la UE, con unos flujos comerciales anuales de 21.000 millones de euros. Uno de cada ocho euros de inversión española en el mundo está en el país norteamericano. Y todo ello a pesar de las barreras que existen en la actualidad.

Aun así, a multitud de asociaciones y entidades no les convence el TTIP y se oponen a su puesta en marcha. Gran parte de esas entidades que luchan contra el tratado de libre comercio forma parte de la Alianza STOP TTIP. La red incorpora organizaciones de distintos Estados miembros, con Alemania como el más representado.

Según el último informe del think tank Civismo, en España, la federación catalana de Comisiones Obreras recibió 350.528 euros y la federación de servicios a la ciudadanía se embolsó 241.264 euros. También la federación vasca de Unión General de Trabajadores (UGT) aparece en el listado a raíz de una subvención de 286.088 euros. El sindicato vasco ELA o las ONG Amigos de la Tierra y Mugarik Gabe también aparecen entre los beneficiados con dinero público de los contribuyentes europeos.

Civismo explica que “aunque el cálculo es complejo, ya que algunas partidas se entregaron a organizaciones que concurrieron conjuntamente”, se puede decir que los contribuyentes europeos han financiado a estas organizaciones con “al menos 100 millones de euros”.

De las 73 organizaciones que han recibido fondos comunitarios, 23 han ingresado más de un millón de euros. Un caso interesante es el de la organización británica War on Want, que se embolsó 1,5 millones de euros en los años 2007, 2012 y 2014.

Ante este escenario, el think tank encuentra “preocupante” ver cómo la UE ha destinado más de 100 millones de euros a entidades, sindicatos y ONGs que promueven medidas contrarias a la agenda de apertura comercial que ha sido “esencial” para el proyecto europeo desde hace décadas.

De hecho, Civismo resalta que “este tipo de distorsión complica el debate público, ya que infla los recursos de organizaciones que no defienden la posición de la mayoría de los ciudadanos”.