Más de la mitad de las empresas sufrió retrasos en los pagos en 2018, un 3% más que en 2017, según un estudio de Informa D&B. El año pasado concluyó con un aplazamiento medio en los abonos debidos a las compañías de 13,3 días. Se estima que en tan solo los tres últimos meses de ese periodo, las dilaciones han supuesto un coste de 1.791 millones de euros para el tejido empresarial.
A pesar de ello, solo el 14% de los empresarios ha aplicado intereses de demora, aunque cabe señalar que eso supone un 2% más que el año anterior. Esto apunta a que quienes tienen un negocio cada vez están tomando más precauciones para cubrirse las espaldas. De este modo se aseguran de que sus clientes no les van a dejar con un agujero en la contabilidad.
En cuanto a los clientes que sí cumplieron con sus obligaciones de desembolso a tiempo, por comunidades fueron Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Asturias, La Rioja, País Vasco y Galicia las que presentaron una mayor proporción de pagos puntuales, superando todas el 50%, mientras que en Canarias y Madrid encontramos las más reducidas, con un 33,69% y 39,49%, respectivamente. Resulta reseñable que las compañías de menor tamaño pagaron con mayor puntualidad respecto a las de mayor dimensión. La diferencia resulta significativa, con un 52,80% de microempresas puntuales, y un 45,81% de pequeñas empresas, frente al 27,19% entre las medianas, y apenas el 12,54% en el caso de las grandes.
Por comunidades, se puede apreciar una diferencia sustancial en el comportamiento de los pagos a empresas ubicadas en el norte y en el sur. Entre la mayoría de las primeras, los retrasos no superan los diez días. Es el caso de Navarra (9,25), Aragón (9,55), La Rioja (9,88) y País Vasco (9,99). Por el contrario, las compañías de regiones del sur sufren demoras más prolongadas, como Canarias, con 19,6 días, Extremadura (16,7) y Andalucía (16). Si se compara el tiempo en que tardan en pagar las empresas españolas respecto a los países de la Unión Europea, nuestro país se acerca a la media comunitaria (13,4 días).
El periodo medio de retraso se va incrementando a medida que la empresa deudora presenta un mayor tamaño: se cifró en 11,15 jornadas para las pequeñas; en 12,95 en las medianas, y en 15,33 en las grandes. La excepción la constituyen las microempresas, que, pese a tratarse de las más puntuales, cuando se demoran, lo hacen, de media, en 14,72 días. El aumento de empresas en concurso no guarda relación con el retraso en los pagos, sino con un gran aumento de creación de compañías.
La principal causa por la que se pospone la liquidación de sus facturas no es la insolvencia, sino porque consiguen equilibrar sus flujos de caja a costa de sus acreedores. Además, en muchas ocasiones, son estos los responsables de la deuda, pues habrían de tener en cuenta los ciclos de facturación que tiene cada proveedor, y que, si éste recibe la factura tarde, es frecuente que la abone fuera del plazo previsto por el cliente. Esta práctica perjudica a las pymes, puesto que suelen ser las más vulnerables. Pese a lo lesivo de este comportamiento, el importe de las facturas impagadas al cierre de 2018 fue inferior al 5% de la facturación total en la gran mayoría de las empresas.
