Acabamos de cumplir 32 años en la Unión Europea, período en el que España ha avanzado en la convergencia real con los países comunitarios importantes. Si bien la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis han frenado este proceso, el desarrollo económico retorna, y en unas condiciones más favorables que a principios de los 2000, al reducir algunos de los desequilibrios estructurales.
Así, España está sabiendo hacer de la necesidad virtud en una cuestión tan problemática como la burbuja de obra civil. En la primera década del siglo XXI, España se convirtió de repente en el país europeo con más kilómetros de AVE, más aeropuertos públicos y la mayor red de autopistas de peaje. Este desarrollo, excesivo respecto al potencial de nuestra economía, ha generado tanto una sobrecapacidad de infraestructuras como una deuda pública descomunal. Si hacer un aeródromo en Huesca para 52.802 habitantes, que en 2017 tuvo 257 pasajeros, fue un despilfarro, mayor lo es gastarse 270 millones en el de Corvera, en lugar de compartir el uso civil con el militar en el aeropuerto de San Javier (a 30 km de Murcia) o utilizar el de Alicante (a 72 km).
A pesar de los dispendios, aquel esfuerzo inversor ha dejado a España en una posición muy competitiva en el sector turístico. AENA destaca un incremento de pasajeros del 8,2% en 2017, lo que permitió rozar la barrera psicológica de los 250 millones de viajeros, y de un 6,3% en el volumen de operaciones. Sin embargo, estas buenas cifras no las tienen todos los aeropuertos. Hay algunos que son muy rentables, como el de Barcelona –El Prat, con un resultado antes de impuestos de 339 millones– , y otros que pierden dinero, como La Palma (-18), Santiago (-15), Vigo (-11) y Pamplona (-10,5).
Sin embargo, la lógica de la rentabilidad no puede ser el único criterio. Cuando el tren tarda en el trayecto de Madrid a Badajoz 5 horas y 18 minutos, la pérdida de 2 millones que ha tenido el aeropuerto pacense es admisible, sobre todo cuando ha aumentado un 50% su tráfico de pasajeros. Algo similar pasa con los aeródromos canarios de La Gomera, La Palma y el Hierro, que, aunque tuvieron un déficit conjunto de 26 millones, han transportado 1,55 millones de pasajeros en 2017. Si la única vía de acceso a esas islas fuera la marítima, el turismo (su mayor fuente de ingresos) se resentiría.
Los aeropuertos con más tráfico son los de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante, todos con muchos turistas extranjeros y, por tanto, unos ingresos muy cuantiosos. El futuro de varios aeropuertos regionales vendrá condicionado por la llegada de la alta velocidad ferroviaria, que quitará pasajeros a los aviones, lo que obligará a AENA a la supresión de los aeropuertos con poco tráfico, en pérdidas, cercanos a un gran aeropuerto y a los que llegue el AVE. Este es el caso de Vitoria, con 84.261 pasajeros, que pierde 9,5 millones, está a 72 km del aeropuerto de Bilbao y que tendrá AVE. La necesidad de cumplir el objetivo de déficit va a venir bien para serenar las pretensiones vanas de algunos políticos autonómicos.