Las cifras que se van conociendo del proyecto de Presupuestos del Estado y de las cuentas autonómicas revelan una escasa preocupación por las inversiones públicas. Los políticos prefieren aumentar el gasto corriente, como el de personal y subvenciones, ya que genera réditos electorales inmediatos, mientras que las infraestructuras han sufrido un deterioro notable, en parte por asociarse a la corrupción y despilfarro de la burbuja. Además, exige de fortaleza financiera para planificar a lo largo de los años unas obras que, siendo de vital importancia para el crecimiento de la economía española, se han abandonado en exceso. La disminución del capítulo de inversiones desde el pico alcanzado en 2007 hasta la recesión en 2012 fue de un 45,5% en términos acumulados, para, después, empezar a aumentar, pero manteniéndose en torno al 2% del PIB.
Esta tendencia ha comenzado a revertirse tímidamente, ya que no se puede obviar la necesidad actual de obras que impulsen la actividad y la generación de empleo: las nuevas infraestructuras promovidas por la Administración central se han duplicado, frente a crecimientos menores en las financiadas por las comunidades y ayuntamientos, aunque en los tres niveles se han acelerado considerablemente los proyectos en lo que va de 2018. Según las cifras de ejecución hasta agosto, publicadas por la patronal SEOPAN, 20 de cada 100 euros de obra nueva corresponden al sector ferroviario, multiplicando por diez la licitación respecto a los ocho primeros meses de 2017. A mucha distancia le siguen el de carreteras, aeropuertos y puertos.
Todos ellos son segmentos clave. El del ferrocarril, para abrir el transporte de viajeros a la competencia privada a partir de 2021 y fortalecer el tráfico de mercancías; el de los aeropuertos, para que puedan atender a 80 millones de turistas al año; la red de carreteras, para permitir viajes más seguros y menos costosos; los puertos, dado que España tiene una situación geopolítica privilegiada para convertirse en uno de los ‘hubs’ de mercancías de toda Europa; y las interconexiones energéticas con el resto del viejo continente, a fin de que la Península deje de ser, en este aspecto, una isla.
Esta ejecución de licitaciones muestra que las comunidades donde más crecen es en aquellas donde se ha producido una caída mayor desde el inicio de la crisis, por lo que cabía esperar que la reacción fuera también más intensa. Es el caso de Navarra, Galicia, Canarias y Asturias, donde se duplica la inversión de un año para otro, después de que se acumulara un descenso de entre el 80% y el 90% desde 2009 hasta 2017.
En el lado contrario, las que siguen recortando la inversión son Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco. Los gobernantes tanto de Aragón como del País Vasco no priorizan este gasto, a pesar de que sea necesario para sus economías, mientras que Murcia, dado que es donde menos bajó, tampoco lo reactivó en 2017. ¡Mejor inversiones en infraestructuras útiles en el largo plazo que gastar en fuegos de artificio!
Las cifras que se van conociendo del proyecto de Presupuestos del Estado y de las cuentas autonómicas revelan una escasa preocupación por las inversiones públicas. Los políticos prefieren aumentar el gasto corriente, como el de personal y subvenciones, ya que genera réditos electorales inmediatos, mientras que las infraestructuras han sufrido un deterioro notable, en parte por asociarse a la corrupción y despilfarro de la burbuja. Además, exige de fortaleza financiera para planificar a lo largo de los años unas obras que, siendo de vital importancia para el crecimiento de la economía española, se han abandonado en exceso. La disminución del capítulo de inversiones desde el pico alcanzado en 2007 hasta la recesión en 2012 fue de un 45,5% en términos acumulados, para, después, empezar a aumentar, pero manteniéndose en torno al 2% del PIB.
Esta tendencia ha comenzado a revertirse tímidamente, ya que no se puede obviar la necesidad actual de obras que impulsen la actividad y la generación de empleo: las nuevas infraestructuras promovidas por la Administración central se han duplicado, frente a crecimientos menores en las financiadas por las comunidades y ayuntamientos, aunque en los tres niveles se han acelerado considerablemente los proyectos en lo que va de 2018. Según las cifras de ejecución hasta agosto, publicadas por la patronal SEOPAN, 20 de cada 100 euros de obra nueva corresponden al sector ferroviario, multiplicando por diez la licitación respecto a los ocho primeros meses de 2017. A mucha distancia le siguen el de carreteras, aeropuertos y puertos.
Todos ellos son segmentos clave. El del ferrocarril, para abrir el transporte de viajeros a la competencia privada a partir de 2021 y fortalecer el tráfico de mercancías; el de los aeropuertos, para que puedan atender a 80 millones de turistas al año; la red de carreteras, para permitir viajes más seguros y menos costosos; los puertos, dado que España tiene una situación geopolítica privilegiada para convertirse en uno de los ‘hubs’ de mercancías de toda Europa; y las interconexiones energéticas con el resto del viejo continente, a fin de que la Península deje de ser, en este aspecto, una isla.
Esta ejecución de licitaciones muestra que las comunidades donde más crecen es en aquellas donde se ha producido una caída mayor desde el inicio de la crisis, por lo que cabía esperar que la reacción fuera también más intensa. Es el caso de Navarra, Galicia, Canarias y Asturias, donde se duplica la inversión de un año para otro, después de que se acumulara un descenso de entre el 80% y el 90% desde 2009 hasta 2017.
En el lado contrario, las que siguen recortando la inversión son Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco. Los gobernantes tanto de Aragón como del País Vasco no priorizan este gasto, a pesar de que sea necesario para sus economías, mientras que Murcia, dado que es donde menos bajó, tampoco lo reactivó en 2017. ¡Mejor inversiones en infraestructuras útiles en el largo plazo que gastar en fuegos de artificio!