Ahora que van a entrar en vigor los presupuestos autonómicos para 2018 llama la atención la esplendidez de los políticos con el dinero de todos, especialmente en cuestiones que exceden el ámbito de los servicios imprescindibles, como la sanidad. Uno de ellos es el sostenimiento de las televisiones públicas. Las autonómicas tienen un gran protagonismo político y social. Tras 30 años de andadura, los gobiernos regionales siguen defendiendo su existencia con el argumento que se esgrimió durante décadas para justificar el monopolio de RTVE: es un servicio de cercanía al ciudadano que el sector privado no podría prestar a un precio razonable.
Se trata de idéntico razonamiento que el que defiende la intervención del Estado en las infraestructuras, las comunicaciones o el transporte: hay una inversión inicial de entrada muy alta, coste no asumible por una empresa. Sin embargo, como recordaba el economista George Stigler, el avance de la tecnología destruye estos monopolios «naturales». Es lo que sucede en este momento. El desarrollo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías ha permitido que tengamos un acceso ilimitado a la información a través de miles de canales. Tanto su precio como el coste para los usuarios se han desplomado.
Y en este mundo digital, ¿qué papel puede jugar una televisión autonómica financiada con dinero público? Sencillamente, ha dejado de tener sentido, dado que no hay que hacer un esfuerzo inversor enorme para crear una televisión. Sin embargo, los gobiernos regionales no están dispuestos a perder un instrumento de poder e influencia sobre la sociedad. El problema de fondo es que está saliendo bastante caro al contribuyente, máxime cuando estos medios con frecuencia se destinan a fines muy distintos al de un servicio público independiente, eficiente y de calidad. Supone un desvío de recursos que podrían usarse con mayor provecho, aun cuando las televisiones públicas españolas no resulten las más onerosas de Europa; según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela la media de España es de 38,9 euros por habitante y año, frente a los 66,9 del promedio europeo.
Aun así, su protagonismo en el panorama audiovisual está creciendo a golpe de talonario. Por ejemplo, la catalana TV3 cuesta 307 millones y la vasca, 137. En 2017, la cuota de pantalla de las principales cadenas regionales (excluidas las de La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Navarra, que son privadas, y la Radio Televisión Valenciana, que se acaba de reabrir) aumentó al hacerlo la financiación, lo que supuso sostener más canales. Las que más tienen son la vasca (seis), catalana (seis), andaluza (cinco), y gallega (dos) y son también las que superan una cuota de pantalla del 10%. Un caso llamativo es el de la TV extremeña, con solo un canal, cuya audiencia dobla la de la murciana o la balear. Lo mismo se podría decir de Televisión Rioja que, siendo privada, logra una meritoria cuota de pantalla de 5,7% y la de Cantabria, con un 2,1%. Mantener los medios públicos supone una falta de realismo que bebe de una fuente muy real: nuestros bolsillos.
