El INE publicó el jueves la Contabilidad Nacional de España. En el tercer trimestre de este año, la economía de nuestro país ralentizó su tasa de crecimiento. La producción de bienes y servicios (PIB) experimentó un aumento del 0,7% respecto al anterior trimestre, más bajo, por tanto, que el del segundo (+0,8%). Hay que remontarse dos años atrás, al tercero de 2014, para encontrar un ritmo menor. El problema no es tanto esta desaceleración (de una décima menos), sino su perversa composición.
¿A qué se debe el debilitamiento? A) Por el lado de la demanda, es consecuencia de un menor incremento del consumo de los hogares, del estancamiento de la inversión y de la reducción de las exportaciones.
B) Por el lado de la oferta, siguen creciendo de forma vigorosa algunos sectores de los servicios, como las actividades profesionales, los relacionados con el turismo, las administraciones públicas y los de sanidad y educación. Sin embargo, también se produjo una disminución drástica del crecimiento de aquellos ligados a las nuevas tecnologías, como el sector manufacturero y los de la información y comunicaciones. Y lo que es peor: los productos vinculados a la propiedad intelectual y a la economía del conocimiento, que venían creciendo a buen ritmo, han roto su buena racha para reducirse en el tercer trimestre (-0,7%) con respecto al anterior.
Son datos aislados, de un trimestre, pero permiten insistir en la necesidad que tiene la economía española de aumentar su productividad y gastar más en Investigación y Desarrollo (I+D), con el fin de adaptarse más rápidamente a la Cuarta Revolución Industrial (digitalización, ingeniería genética, robótica e inteligencia artificial). Otro dato, en esa misma dirección, es que la productividad lleva mucho tiempo estancada y que, en este tercer trimestre, se contrajo (-0,1%).
El gasto público crece
Por el lado de la demanda, la economía estuvo impulsada por el gasto público (+1% trimestral, que sería un 4% anualizado). Es más, éste fue el componente de la demanda agregada que mantuvo, durante el tercer trimestre, la tasa de crecimiento más alta. Esto confirma la falta de voluntad política de nuestras Administraciones Públicas para reducir el gasto. Desgraciadamente, el consumo público lleva nueve trimestres seguidos (exceptuando uno) incrementándose a ritmos importantes. Su aumento es la causa de que el déficit público supere reiteradamente, desde hace cuatro años, el objetivo que se había acordado con Bruselas. Quizá hubiera sido preferible tener un crecimiento económico menor, pero con unas cuentas públicas más equilibradas. En el futuro habría que disminuir el gasto público con el fin de que no se siga engrosando la deuda.
El consumo se desacelera
En cambio, en el tercer trimestre, el consumo de los hogares sólo creció un 0,6%. Por debajo, por tanto, del anterior (+0,7%), debido en parte a la caída en la confianza del consumidor. Efectivamente, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de ese periodo acusó la incertidumbre generada por la falta de gobierno y la inestabilidad política. Pasó de 97,3 puntos en agosto a 90,7 en octubre, una caída de 6,6 puntos. En cuanto a las expectativas de la situación económica futura, los datos de octubre también ofrecieron una evolución muy desfavorable con respecto a agosto. Las perspectivas de los encuestados menguaron en 5,7 puntos, (desde 104,4 en agosto a 98,7 en octubre).
La inversión se estanca
Esta mayor desconfianza también se sintió en la inversión, que sólo repuntó un 0,1% en el trimestre. Conviene recordar que, durante el último año, la falta de gobierno estable ha sembrado entre los inversores y las familias la inseguridad de cómo sería el futuro marco laboral, fiscal y de unidad de mercado de la economía española. Las reformas se paralizaron ante la ausencia de un Ejecutivo.
Sin embargo, ahora ya tenemos Gobierno, y su misión es devolver la confianza a los ciudadanos, empezando por afrontar el reto mayúsculo de aprobar los presupuestos para el año 2017, y terminando por crear un marco de estabilidad donde se acreciente la inversión y el empleo a través de una mayor unidad de mercado y de seguridad jurídica. Sólo así el fantasma de la incertidumbre desaparecerá, el riesgo político de España se reducirá y la recuperación económica, iniciada hace tres años, seguirá adelante. Un crecimiento más rápido significa también ingresos fiscales más elevados, lo que permitirá achicar el elevado déficit público.
Las exportaciones disminuyen
Unas políticas que se hacen todavía más necesarias en un contexto internacional en el que el futuro de nuestras exportaciones se complica por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y por las posibles barreras comerciales que puede imponer Estados Unidos. Como consecuencia de la ola proteccionista, nuestro país puede verse afectado de forma significativa, por la pérdida de esos y otros mercados, lo cual ocasionaría una mayor ralentización de la economía.
Es más, las exportaciones de bienes y servicios, que, a lo largo de 2015 y en los dos primeros trimestres de 2016, crecieron con mucha fuerza (+5,5% anual), en el tercer trimestre de este año y como consecuencia de las convulsiones de la economía mundial, se redujeron (-5,2% anualizado). En este escenario de unos mayores riesgos asociados a un enfriamiento de las economías emergentes y a un creciente proteccionismo en las economías avanzadas y de China, esta caída de las exportaciones españolas es un aviso de que la disminución de costes es necesaria pero no suficiente. Hacen falta medidas que aumenten el nivel industrial de nuestro país, el tamaño de las empresas, el gasto en I+D y la productividad, para diferenciar, también en calidad, nuestros productos de los de otras economías.
En definitiva, estamos en una fase avanzada del ciclo y parece que la actividad se está desacelerando y que lo hará también en los próximos trimestres, corriendo el peligro de sumergirnos en ritmos bajos de crecimiento potencial. Un problema que afectaría a la tasa de empleo y que se podría evitar si, junto con las ya indicadas, se emprendiesen otras reformas estructurales de calado, como favorecer las contrataciones fijas para reducir la elevada dualidad del mercado laboral, ajustar el gasto público improductivo para rebajar el déficit y la deuda, conseguir que la energía sea más barata para aumentar la competitividad, y alcanzar mayor unidad de mercado.