Aunque la economía está peor que nunca, es de justicia reconocer que ya estaba cayendo a plomo en el trimestre anterior al surgimiento de la pandemia. Un sensor muy fiable para la predicción económica es la variación de las ampliaciones de capital de las empresas. Un aumento de inversión suele traducirse en un crecimiento de la economía, bonanza que se logra cuando hay confianza en las instituciones del país. Cuando la incertidumbre aparece, el dinero es miedoso, evita el riesgo escapando a países estables y legislaciones consistentes.
Según Axesor, en el primer trimestre de 2020, el importe de las ampliaciones de capital fue un 22% menor que el del mismo período de 2019, lo que supone una cifra de 7.385 millones de euros. Este diferencial debiera hacer reflexionar a los dirigentes que priorizan la política sobre la economía. De esta cantidad, casi el 40% corresponde a Madrid, y el 19%, a Cataluña. Por sectores, el que más amplió capital fue el del transporte, al atraer 336 millones, un 435% más que el año pasado. Las reducciones de capital en el primer trimestre respecto al de 2019 se cifraron en un 70,82%, lo cual refleja atonía.
La pérdida de 2.081 millones interanual en las ampliaciones del primer trimestre es considerable, y manifiesta recelo entre quienes invierten en España. Esta apreciación la corrobora el Índice de Confianza del Consumidor, publicado el martes por el CIS, cuya puntuación fue de 49,9, la más baja desde 2012. El CIS explica el brusco desplome alegando que la Covid-19 ha repercutido en el consumo.
Extremadura es la comunidad en la que, en el primer trimestre, más crecieron las ampliaciones de capital en términos porcentuales, un 49,2%. Le siguen Cantabria (42,6%), C. Valenciana (35,7%) y, a bastante distancia, Aragón (16,8%). El resto de CC AA presenta una variación interanual negativa. La ‘Cenicienta’ es Asturias, con un -65,5% de capital ampliado. Le siguen La Rioja (-64,2%), Canarias (-48,2%), Murcia (-43,9%) y Navarra (-42,6%).
Hay bastantes factores que han lastrado las ampliaciones. Destaca la inestabilidad del Gobierno, al depender de varios partidos pequeños pero exigentes, lo que complica la toma de decisiones y pone en entredicho la seguridad jurídica. Tampoco ha ayudado el incremento desaforado del gasto público, ya que va a provocar un apretón fiscal que desincentivará la actividad empresarial. La subida de los sueldos de los funcionarios, la actualización de las pensiones conforme a la revalorización del IPC, con un coste de 1.406 millones, y un encarecimiento del salario mínimo de un 22% — que ha supuesto una pérdida de cerca de 200.000 empleos— son medidas que pueden acabar provocando un rescate por parte de Europa.
Ningún país del tamaño de España resulta sostenible si más de 20 millones de personas reciben sus rentas del Estado: una factura que asciende a 30.000 millones de euros al mes. Endeudarse más no es la solución, sino mostrarse más austero en el gasto.
