La rebaja fiscal supondrá un ahorro de 9.000 millones, según el Gobierno. ¿Es un paso? Obviamente sí. ¿Y es suficiente? O, mejor dicho ¿se podría haber dado un paso mayor? Esa es la gran pregunta. El Ejecutivo ha esgrimido con acierto una teoría: la rebaja del IRPF supondrá una dinamización del consumo, el ahorro y la inversión. Por lo tanto, y visto que es evidente el convencimiento de que la rebaja de impuestos acelerará la economía, ¿por qué no extenderla en plenitud a todos los colectivos, sean de rentas altas, medias o bajas; sean asalariados, autónomos, pymes o grandes empresas? La principal respuesta del Gobierno a esta pregunta pasa por Bruselas: «Europa no nos permite cualquier cosa con la situación de déficit heredada», aseguran. Pero, al margen de este argumento –cierto en parte– existen otros condicionantes evidentes. Unos políticos: no sea que por una vez algún político defienda en España que la gente tiene derecho a prosperar y aspirar a hacerse rico sin tener que ser machacado por la demagogia imperante. Y otros, puramente presupuestarios: porque es cierto que Bruselas vigila y limita la acción, pero más aún cuando el control de gastos muestras evidentes puntos débiles.
Esta segunda explicación ha quedado en evidencia esta misma semana en un estudio del think tank Civismo en el que se recopila el gasto comparado de las distintas CCAA en el inicio del año. Un informe en el que se aprecia que quienes más derrochan son quienes realmente están haciendo saltar las alertas y bloqueando, por lo tanto, una mayor rebaja de impuestos.
El estudio detalla con claridad el problema. Porque sólo en los dos primeros meses del año, las autonomías han gastado en conjunto 2.442,46 millones por encima de lo previsto. Cataluña ha derrochado 900,44 millones de más; Valencia 888,29 millones, y Andalucía 332,87 millones por encima de lo estimado inicialmente. En el lado opuesto se encuentran quienes han hecho hueco con creces para la rebaja fiscal: Madrid, que ha gastado 73,19 millones menos; Murcia, con 26,34 millones de menos, y un grupo compuesto por Galicia, Canarias, Castilla La Mancha y Aragón, que han reducido el gasto frente a las previsiones entre 7 y 5 millones. Esfuerzos que, sin embargo, no han evitado el avance del gasto conjunto. Ese es nuestro problema. De gasto. Un problema que, como siempre, pagaremos entre todos con más impuestos.
