El Gobierno de España vuelve a hacer de las suyas a los jubilados del país. De acuerdo con el comunicado de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, los pensionistas no verán cumplida la promesa de revalorización de las pensiones en el país hasta que este logre formar la nueva ejecutiva del Gobierno. Un nuevo ataque, con aires electoralistas, tras la polémica negativa del Gobierno socialista con las transferencias a las comunidades autónomas; donde también mostraba una actitud, y unas exigencias, de carácter similar a la situación actual.
Y es que, pese a las intenciones del Gobierno socialista, los datos muestran una realidad completamente dispersa a la que posee el Gobierno; o, al menos, así nos lo hace creer el Presidente del Gobierno -en funciones-, Pedro Sánchez. La situación de las pensiones en el país, a cierre de año, ha experimentado un desembolso récord. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, así como el comunicado realizado, el desembolso en pensiones, pese a que se espera una moderación, ha sufrido un alza del 4,7%. Un alza récord que convierte a la partida presupuestaria de las pensiones en la más elevada del país.
Una partida que ya asfixia a nuestras cuentas públicas. Como digo, de acuerdo con los registros que nos muestra el Ministerio, las pensiones en España ya representan 1 de cada 5 euros del gasto público nacional. Es decir, el 20% del gasto público en el país está sujeto a las pensiones. Una cuantiosa cifra en la que, además, debemos incluir que, dado su carácter deficitario, debemos incluir que parte de las pensiones se están afrontando con deuda pública; es decir, a cargo del tesoro público y el fondo de reserva.
Las pensiones, en estos momentos, se encuentran en un estado de déficit. Es decir, los ingresos percibidos para pensiones, al haberse aumentado el gasto, no superan el umbral de gasto que representa la partida presupuestaria destinada a pensiones. Al producirse tal situación, el Gobierno de España está afrontando la partida con emisiones de deuda. Emisiones de deuda que, para hacernos una idea, cubren cerca de 150€ de cada pensión que se paga en España; es decir, 150€ que perciben los pensionistas y que se han pagado con deuda. Una situación cada vez más insostenible.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Gobierno, la situación de las pensiones cierra el año con una tasa de dependencia que se sitúa en un rango de 2,33. En otras palabras, esto quiere decir que la relación entre pensionistas y cotizantes, medida por esa tasa de dependencia de la que hablamos, es de 2,33 cotizantes por un pensionista. Una tasa de dependencia que, al hilo con las previsiones realizadas por el BBVA Research, se espera que llegue a la paridad en 30 años, cuando el pico de jubilados, al haber una mayor concentración de la masa social en aquellas partes más elevadas de la pirámide poblacional, se encuentre en su punto álgido.
Una situación que nos debe llevar a pensar qué es lo que debemos hacer con las pensiones, qué es lo que debemos hacer para hacerlas sostenibles, así como empezar a hablar de lo realmente importante y no hacer promesas que ya no solo comprometen el futuro de España, sino que comprometen hasta el propio presente del país. Unas promesas que, como era de esperar, se incumplen ante la imposibilidad de aplicar esos nuevos impuestos que traten de cubrir un sistema deficitario y colapsado. Un sistema que, hasta miembros del partido socialista, así como ideólogos del mismo, consideran acabado si no se dan las reformas pertinentes en un Pacto de Toledo inviable ante semejante situación.
Y es que, ahora, para Sánchez, las pensiones han subido lo suficiente como para que los pensionistas no pierdan su poder adquisitivo. En un entorno en el que la inflación se ha contenido a niveles mínimos y las pensiones se han revalorizado entorno a un 1,6% en 2019, el Gobierno de España -en funciones- considera que no es precisa dicha reforma ante el duro ajuste del déficit exigido por Bruselas. Un ajuste que ha llevado a que el Gobierno, pese a las excusas, incumpla una de sus promesas electorales más cuestionadas, una promesa electoral que no solo incrementó su voto, sino que incluso le capacitó su ascenso a la presidencia del Gobierno.
Promesas que, como dijimos, quedan en eso; en promesas. Unas promesas que, como ha ocurrido siempre, nacieron con la simple intención de captar ese caladero de votos que supone el colectivo de pensionistas. Un caladero de votos que no solo representa un gran porcentaje de electores, sino que representa el mayor colectivo electoral del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), un colectivo que aglutina cerca del 25% del censo electoral y que no solo te da un inmenso voto cautivo, sino que, con las promesas adecuadas, da a la formación que los conquiste el ascenso al poder.
Promesas que se han visto condicionadas también para el funcionariado, que tampoco verá incrementado su salario este 2019. De acuerdo con el Gobierno -en funciones-, el funcionariado público, que esperaban un incremento de, al menos, un 2% en sus salarios, tampoco lo verán reflejado en sus ingresos. Al igual que los pensionistas, esta revalorización también se verá condicionada a la formación de un gobierno. Una formación de un Gobierno que aún no sabremos si tendremos, pero que, ante la remota posibilidad, que real, de que hayan unas nuevas elecciones, podría tener una cierta influencia en los resultados.