El presupuesto del Estado es un documento que tiene una doble lectura. Por una parte, configura la política fiscal del gobiemo que, en economías con una ratio gasto público/PlB elevada, tiene efectos importantes en la evolución de la coyutura; pero, por otra, es un documento político, en el que el funcionamiento eficiente de la economía queda, con frecuencia, en segundo plano. No es sorprendente, por tanto, que, desde la teoría de la hacienda pública, se hayan planteado objeciones a la discrecionalidad y al cortoplacismo de los políticos a la hora de diseñar un presupuesto y se haya sugerido la conveniencia de establecer reglas y restricciones a su acción.

Es un hecho bien conocido que la política económica del Gobierno español se guía en la actualidad por el objetivo de mantenerse en el poder; y que los efectos que su Presupuesto pueda tener en el futuro de la economía española le preocupan má bien poco. Pero las restricciones impuestas por la Unión Europea suponen un límite a la autonomía de nuestra política fiscal. Y esto es muy positivo porque, sin tal control externo y dados los pactos que ha realizado el Gobierno para sobrevivir, tendríamos seguramente un Presupuesto bastante peor que el que hoy está sobre la mesa; y eso que éste no es precisamente un modelo de coherencia o realismo.

Si, como a menudo se afirma, el presupuesto constituye un buen indicio de cómo actúa un determinado gobierno, hay que concluir que el nuestro es manifiestamente mejorable. Claro que, visto lo visto, ni siquiera tenemos la seguridad de que vaya a cumplir su propio programa económico. Y la verdad es que, si sus planes no funcionaran y las cosas quedaran, por el momento, como están, la gran mayoría de los españoles saldríamos ganando.