En un contexto en que el Gobierno central ya tiene listo el anteproyecto de ley para desarrollar el impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) –popularmente conocido como ‘tasa Google’–, de forma que prevé aprobarlo en las próximas semanas en Consejo de Ministros, un informe realizado por el think tank Civismo alerta sobre el impacto que tendrá el nuevo gravamen y su influencia negativa en la economía. Como primer ejemplo, cada compra electrónica tendrá un sobrecoste de casi medio euro, según estima la organización.
Civismo explica que «este tributo, que recae sobre los servicios de publicidad e intermediación en línea y de venta de datos proporcionados por el usuario, repercutiría en la oferta, los mercados mayorista y minorista, y la demanda». Así las cosas, la entidad detalla que los veinte millones de consumidores del sector digital (entre particulares, pymes y autónomos) «sufrirían un sobrecoste de 0,47 euros en cada compra electrónica que realizaran; y las empresas sujetas al impuesto (aquellas cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros, y cuyos ingresos derivados de la prestación imponible estén por encima de los tres millones) reducirían su margen bruto en 178 millones de euros, mientras que su rentabilidad caería más de dos puntos porcentuales», anota.
¿Qué supondrá este nuevo escenario? A juicio de la entidad que preside Julio Pomés, «esto hará que nuestro país pierda atractivo inversor e incentivará a las compañías a establecer sus sedes fuera de nuestras fronteras. No en vano, este impuesto, con el que España adopta ‘una solución unilateral’, supone en la práctica un arancel al gravar el comercio digital dentro de nuestro país y no el efectuado con una contraparte no residente».
Sentada esta premisa, el informe entra en materia. «Se está ejerciendo una discriminación entre el mercado exterior y el interno, el cual supone el 36,5% de todas las transacciones digitales», abunda.
Civismo aprecia diferentes carencias en la tramitación y aplicación futura del IDSD. «A la falta de consenso entre los países miembro de la Unión Europea se suman otros problemas derivados del diseño del impuesto, con el cual se pretenden recaudar 930 millones de euros. Por ejemplo, que, pese a haberse concebido como un tributo indirecto, incorpore elementos de imposición directa como la identificación de las compañías que lo soportan; o que dé por sentada la existencia de una serie de medios técnicos para su correcta implementación que, actualmente, son difíciles de articular y que también conllevarán un sobrecoste».
No sólo eso. La organización alerta de los posibles perjuicios de la tasa. «Las pérdidas permanentes en la cadena de valor; la disminución de la inversión; los incentivos a la deslocalización de la innovación; los perjuicios económicos sobre la demanda; así como el efecto sustitución de los contenidos digitales gravados en favor de los que no lo están, podría suponerle pérdidas de 302 millones de euros a un sector compuesto por 9.800 empresas, las cuales generan casi 40.000 puestos de trabajo, y pondrá freno a su tasa de crecimiento anual, que es del 4,8%», manifiesta el estudio.
Maniobra de las tecnológicas
Esta controversia sobre la naturaleza directa o indirecta del gravamen es el último asidero de las tecnológicas en su batalla por frenar su aplicación en España. Según avanzó días atrás El Confidencial, Garrigues, despacho de abogados que trabaja para Google, ha elaborado un informe en el que desarrolla la crítica legal contra el impuesto. Este ‘paper’ desmonta el diseño del tributo e introduce dudas razonables sobre las que se tendrá que pronunciar la Justicia europea.
Garrigues se atreve incluso a aventurar que este impuesto solo podría establecerse sobre una empresa extranjera si tiene establecimiento permanente en España. Esto permitiría a muchas compañías evitar el tributo, ya que cuentan con estructuras que les permite operar en España como sucursal y facturar la gran mayoría de sus ingresos desde la matriz en el extranjero.
