Uno de los tópicos en los que les gusta caer a los economistas proclives al despilfarro es que el gasto público es bueno per se, independientemente de a qué se dedique. El candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón, declaraba hace unas semanas que «un euro de déficit es un euro que se traslada a las familias», por lo que habría que huir de cualquier tipo de disciplina presupuestaria como de la peste. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que el ahorro es una virtud y la austeridad tiene un efecto muy positivo en los ciudadanos, ya que permite reducir los impuestos. Además, mantener una posición financiera saneada rebaja los costes de la deuda y facilita saldar a tiempo los desembolsos a los que haya que hacer frente.
No es casualidad que aquellas comunidades que se endeudan más son aquellas que más tardan en pagar a sus proveedores comerciales. Cobrar a tiempo es fundamental para los pequeños negocios, porque estas empresas tienen que afrontar el coste de los materiales en un tiempo corto, así como el alquiler de su local, los sueldos, los impuestos… y muchas pueden llegar a suspender pagos por una sucesión de retrasos en recuperar lo que se les adeuda. El caso más sangrante es el de Extremadura, que paga a sus proveedores hasta cuatro meses después de vencer la factura, es decir, medio año después de prestado el servicio. Esta es una de las regiones que acumularon una mayor cantidad de deuda, en relación a su PIB, en los doce meses comprendidos entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015.
Hay una fuerte relación entre deuda y morosidad. De hecho, cada punto de deuda, en porcentaje del PIB, acumulada en el último año se traduce en 30 días más de retraso a la hora de cobrar las facturas. En concreto, las que se endeudaron por debajo de la media pagaron a sus proveedores, en promedio, 31,8 días más tarde del vencimiento de los recibos, mientras que las que acumularon más pasivos duplicaron con creces esta cifra, alcanzando un retraso de 69,5 días. Esta diferencia se amplía todavía más cuando se habla de las cinco comunidades con una mayor disciplina presupuestaria (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y País Vasco) y aquellas con menos (Aragón, Canarias, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana): la morosidad en estas últimas multiplica por cinco la de las primeras.
Es cierto que hay excepciones, como Baleares o Andalucía, que se endeudaron menos que la media y tienen una morosidad superior, o Castilla y León y Canarias, cuyo déficit es superior a la media y su volumen de retrasos, menor. Sin embargo, la correlación no engaña: una mayor disciplina presupuestaria beneficia a aquellos que trabajan para la Administración y también a los contribuyentes, que tendrán que pagar menos impuestos. Con todo, conviene destacar que si no fuera porque las ayudas estatales mitigan las demoras, los casos podrían ser más escandalosos. Así, Catalu- ña, Murcia o la Comunidad Valenciana, comunidades «enganchadas» a los Planes de Pago a Proveedores del Ministerio de Hacienda, tendrían problemas graves si el Estado no les concediera esas excepcionales ayudas. La opinión pública debiera ser más beligerante con esos políticos que, al gastar en lo que no deben, comprometen la viabilidad de las empresas, pudiendo causar su cierre.
