Uno de los mayores retos actuales es el diseño de un sistema que asegure una correcta financiación de los servicios públicos y que no genere discriminación entre los españoles según donde vivan. Es la filosofía de la reforma de la financiación autonómica, pero no es fácil ponerla en marcha al arrastrar lastres históricos.
Por ello, el nuevo sistema no será, probablemente, el más eficiente. Como dice la comisión de expertos para la reforma de la LOFCA, se trata de articular una solución realista dentro de un entorno complejo y con unos incentivos muy tramposos, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos que eran transitorios pero que, de facto, se han vuelto permanentes.
Dada la inflación legislativa, hay que poner el foco en los tributos propios. En un sistema con un reparto tan incoherente –están descentralizados los gastos pero no los ingresos–, los Gobiernos regionales buscan recaudar allá donde pueden, y necesitan ser ‘creativos’ a la hora de implantar figuras tributarias que no entren en conflicto con otras ya existentes, ya sea a nivel estatal o local.
Debido a este ‘limbo fiscal’ de las comunidades, el coste de la recaudación sube pero sin obtener a cambio unos notables ingresos tributarios. Así lo ha constatado el Consejo General de Economistas en su informe anual sobre fiscalidad autonómica y foral, donde se hace balance de los últimos cambios.
La mayor parte de las regiones han aumentado la recaudación por tributos propios, excepto Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja, donde hay una merma de ingresos. Esta pérdida se explica por la cuestionable exigencia de impuestos en concepto, por ejemplo, del ‘impacto visual’ de las redes de alta tensión, o de vertederos. Los posibles sujetos pasivos plantean pleitos en los que se les termina dando la razón.
En el extremo contrario, las Islas Baleares, Aragón y Andalucía incrementaron ingresos gracias a figuras de nueva creación, como la tasa turística balear o sobre aprovechamiento de embalses e infraestructuras hidráulicas en Aragón y Andalucía. Sin embargo, más allá del ‘efecto escalón’ del primer año, a medio plazo la fuerza recaudadora desciende, es poco productiva y ahuyenta nuevas inversiones de los sectores afectados.
Cataluña, Asturias o Murcia, con un elevado número de impuestos propios, también han elevado la recaudación pero por debajo del promedio total de los tributos cedidos, y su peso sobre el total resulta pequeño. Para Asturias, los gravámenes propios apenas suponen el 3,6% del total de ingresos, y en Murcia el 1,9%.
Las regiones no pueden mantenerse a base de inventarse impuestos propios, sino que necesitan un mayor aporte del Estado. La cuestión no es sólo conseguir más dinero, sino gestionarlo mejor en los servicios que necesita el ciudadano, y hacer a éste corresponsable de su financiación. Eso será más complicado si se decide que el nuevo sistema contenga una cláusula de ‘statu quo’, pues ninguna comunidad está dispuesta a perder financiación. Pero, ¿quién seguirá pagando la fiesta?