Hace apenas dos semanas, los niños españoles se levantaban ilusionados en la mañana de Reyes para comprobar si sus Majestades les habían traído los ansiados regalos. Ahora, ese día, acaso el más mágico del año, ha llegado para las CC AA, que ya pueden verificar qué les ha dejado el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tenor del documento presentado por el Ministerio de Hacienda, parece que la que mejor se ha ‘portado’ es Cataluña, ya que, en el reparto de inversión real, va a recibir el máximo montante, 2.250 millones de euros, lo que es también una de las mayores variaciones respecto a lo que percibió el año pasado: un 66,6% más.
El criterio que, en perfecta lógica, debería guiar al Gobierno central para ejecutar esta distribución es la necesidad presupuestaria justificada por cada comunidad. Un verbo, «justificar», elegido a conciencia, dado que la recepción de estas partidas habría de estar subordinada, no a clientelismos y dispendios electoralistas, sino a la consecución de objetivos prioritarios para las regiones. Uno de ellos, que sigue resultando acuciante y de vital importancia para todos los españoles, es la creación de empleo, una meta que bien puede fomentarse a través de la inversión. Y sin embargo, como hemos visto, la mayor beneficiaria de este reparto es Cataluña, pese a que se trata de una comunidad con una tasa de paro bastante inferior a la media nacional (un 10,63% en el tercer trimestre de 2018, según los últimos datos del INE). Aunque esto no constituye por sí mismo una contradicción in terminis, no deja de resultar llamativo si se entra en el terreno de la comparación con otras CCAA.
Así, Andalucía es la segunda que más dinero va a recibir en valores absolutos (2.130 millones), pero su incremento respecto al ejercicio anterior se encuentra bastante por debajo del catalán (+43,5%), cuando su tasa de paro más que duplica la de esta comunidad (22,85%) y, además, tiene más habitantes. Tomando como referencia el desempleo, destaca también el caso de Extremadura, que contaba con un 21,7% de desempleo, el segundo más alto de España, y para la que, no obstante, sólo se van a destinar 490 millones de euros, con ocho comunidades por delante de ella.
En el extremo contrario, merece la pena detenerse en Madrid y Navarra, ambas con unas tasas de paro inferiores a la media (un 11,86% y un 9,65%, respectivamente). En la primera, con un PIB similar al catalán, la inversión va a ser 1.000 millones de euros menor y, de hecho, variará a la baja frente a 2018 (-0,5%). Sin embargo, en la segunda, tratándose de una de las CCAA más ricas de España, esta partida va a experimentar la mayor subida de todas, de un 90,1%, debido a una inversión puntual en el AVE.
Esta disparidad de rasero a la hora de asignar fondos, al no basarse en necesidades objetivas y primordiales, no puede sino desconcertar a los ciudadanos y crear entre ellos agravios comparativos. Convendría que hubiese más transparencia en la distribución de la inversión territorial.