Aunque al ciudadano le molesta bastante el dispendio del dinero público, hay una acción de los políticos que resulta más intolerable: que insulten nuestra inteligencia con argumentos falaces.
Recientemente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que la mayor parte del desvío presupuestario de las comunidades autónomas en 2014 estaba provocada por la falta de ingresos derivados de la recesión en 2013 (conviene recordar que las transferencias de recursos se hacen con la contabilidad del año anterior). Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria del propio Ministerio de Hacienda muestran que esa afirmación es errónea. El año pasado, los ingresos autonómicos cayeron 493 millones, mientras que los gastos se dispararon en 1.104 millones. Dicho de otra forma, la incontinencia presupuestaria es la responsable del 70% del
aumento del déficit. La falta de audacia del ministro para poner coto a las comunidades, especialmente a las gobernadas por su propio partido, es impresentable.
En concreto, sólo tres comunidades consiguieron cerrar el año dentro del objetivo de déficit (Canarias, Navarra y País Vasco), pero ocho se permitieron aumentar sus gastos no financieros. En Cataluña, se incrementaron un 3,29%, seguida de País Vasco (3,25%), Madrid (2,66%), Extremadura (2,38%), Baleares (1,85%), Comunidad Valenciana (1,54%), Asturias (1,01%) y Canarias (0,37%). El desfase es mayor si se tiene en cuenta que a las autonomías no les bastaba con congelar los gastos, sino que se les solicitaba un recorte medio del 3% para cumplir con los objetivos marcados por el Gobierno central. Sólo Aragón ha realizado los ajustes oportunos para lograr este objetivo, al registrar un descenso de su gasto del 3,07%. Le siguen Cantabria y Murcia, que también han realizado un cierto esfuerzo, aunque insuficiente. De hecho, esta región está peor porque todavía tiene que purgar los excesos de gasto de los años anteriores.
Pese a todo, muchos políticos manirrotos insisten en que el despilfarro público es bueno, porque crea empleos que estimulan la economía, lo que hará que al final se recaude más dinero. Los datos contradicen esta teoría. Aragón, la comunidad que más ha ajustado sus presupuestos, ha mejorado sus ingresos un 0,44%, mientras que Cataluña, que ha disparado el gasto más que ninguna otra, ha sufrido una caída tributaria del 1,4%; Extremadura es la que ha sufrido el mayor desplome de la recaudación, pese a que sus gastos aumentan. Por el contrario, Navarra ha mejorado sus ingresos por encima del resto, a pesar de haber recortado levemente el gasto. Es cierto que, en conjunto, sí hay un cierto efecto positivo sobre la recaudación, aunque sólo sea porque los nuevos funcionarios pagan impuestos en la región donde están contratados, pero a todas luces es insuficiente. De hecho, si analizamos todas las comunidades, vemos que de cada siete euros de más gastados por los políticos de cada región, sólo uno revierte de nuevo en las arcas públicas.
Que no nos cuenten milongas: el despilfarro no beneficia al contribuyente.