Cuando nos toca pagar el Impuesto de la Renta nos parece que es el tributo que más nos afecta, pero no es completamente cierto. Muchos españoles no son conscientes de que más de una cuarta parte del salario que paga la empresa al trabajador va destinado a la Seguridad Social y a otras prestaciones. Ahora que nuestros políticos hablan tanto de transparencia, sería ético que en las nóminas figuraraobligatoriamente el coste total que el contrato supone para la empresa. También convendría que se especificaran los importes de la formación profesional, el desempleo, la incapacidad, la Seguridad Social, etc.
Esta claridad ayudaría a que los trabajadores fueran conscientes de lo que cuestan tantas prestaciones que parecen gratuitas y que tanto encarecen la contratación. En total, a los españoles nos deducen por estos conceptos una media del 26,56% del coste salarial, aunque este dato oscila entre el 25,79% de La Rioja y el 27,95% de Aragón. Estas cifrass on medio punto más elevadas que las del año pasado, lo que arroja una tendencia preocupante.
Es cierto que estas diferencias parecen pequeñas cuando se muestran en términos porcentuales, pero no lo son en absoluto. Si se tiene en cuenta el dinero que un contribuyente puede dejar de percibir por trabajar en la comunidad con mayor fiscalidad ‘oculta’ (Aragón) respecto a la más liviana (La Rioja), la diferencia se eleva hasta los 643 euros anuales. Este saldo se hace más sangrante todavía cuando se tiene en cuenta que ambas comunidades comparten frontera. Muchas veces, este dinero termina en cursos de formación que, visto lo ocurrido en Andalucía, en ocasiones no se imparten o en subvenciones para parados que reciben quienes no las merecen. En definitiva, una penalización que sufren los trabajadores por la ineficiencia de la propia Administración.
Hay tres grandes grupos de regiones, según la tributación extra que imponen a sus trabajadores. Aquellas donde esta carga es ligera, como la ya mencionada de La Rioja, además de Madrid, Asturias, País Vasco o Cataluña, donde el sobrecoste asciende hasta los 152 euros al año. En segundo lugar, otras comunidades autónomas se sitúan en torno a la media (Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Canarias y Cantabria), cuyo gravamen adicional oscila entre los 192 euros anuales y los 261 euros.
Los mayores problemas, sin embargo, vienen de Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, Castilla y León y Aragón, que sufren un impuesto añadido de entre 340 y 643 euros al año. En estas regiones, el castigo para los trabajadores es doble, ya que las empresas prefieren instalarse en aquellos territorios donde pagan menos impuestos y donde tienen la seguridad de que la mayor parte de su esfuerzo repercutirá en su propio bolsillo. Así, cuanto mayor es la presión fiscal, menor es el dinero que las empresas dedican a los salarios antes de impuestos. Por cierto, ¿cree usted que los servicios que recibe un aragonés compensan esos 643 euros extra?
