El Estado y las comunidades atraviesan una pésima situación, tanto por su endeudamiento como por su gasto comprometido a futuro. Nuestros políticos no escarmentaron con la crisis de 2008, sino que prefirieron gastar todo el dinero que les llegaba. Los gobiernos no amortizaron deuda ni tampoco reservaron fondos para disponer de un colchón financiero que permitiese superar la desaceleración de la economía de 2018-2019. Por último, ha llegado la Covid-19, pandemia que castigará más a los países que estaban menos preparados, caso de España.
El populismo ha desprestigiado el ahorro, al montar un relato seductor, en el que no otorgar el bienestar máximo se ve como un robo impune al ciudadano, sin que importe la carencia financiera. Esa condena de la austeridad del sector público ha ido unida al enaltecimiento del gasto sin control, con tal de que se agrade a la parroquia de votantes. Ahora, estos reclaman solidaridad a los que han ahorrado con sacrificio, postura que recuerda la fábula de la cigarra y la hormiga. El problema radica en que nuestra deuda no puede seguir creciendo aceleradamente, porque se perdería la confianza de los mercados y la prima de riesgo podría dispararse, lo que lastraría el crecimiento.
Es de temer que el chaparrón de las ayudas europeas no se invertirá en regenerar el tejido productivo y activar fuentes de riqueza, sino que se dedicará a partidas de las que se debiera prescindir en una crisis severa. Tras la orgía del gasto con el dinero europeo, vendrá una resaca que nos hará retroceder de nuevo. Han faltado políticos que dijeran una gran verdad: un país no se puede endeudar para pagar un gasto corriente creciente. Subir el salario mínimo, indexar las pensiones al IPC, aumentar el sueldo de los funcionarios y el número de personas que viven de la política o de un empleo público habrá contentado a los beneficiarios, pero ha perjudicado el futuro de todos en el mediolargo plazo. Una nación prospera cuando se potencia el bienestar sostenible, ese que proviene de la iniciativa de los particulares, a los que se procura incentivar con unos impuestos reducidos.
Si analizamos el gasto público por habitante de las comunidades, se observa que, exceptuados los regímenes forales, la que más gasta es Cantabria (4.904 euros). Le siguen Extremadura (4.902) y La Rioja (4.624). Las más austeras son Madrid (3.407), Andalucía (3.812) y Cataluña (3.855). Constituye una obviedad que las regiones grandes gastan menos por habitante por los beneficios de economía de escala que supone su mayor tamaño. El dato más escandaloso es que entre 2008 y 2019 Murcia ha multiplicado su deuda por 11,3, País Vasco por 8,4 y Cantabria por 22,3. La conclusión: esta crisis nos encuentra peor preparados que en la de 2008, hay que huir de políticas populistas e invertir el dinero europeo en afianzar la sostenibilidad.
