Los impuestos se han metido estos días de lleno –si no lo estaban ya– en la vida de los tarraconenses, que han recibido la notificación para pagar los tributos municipales (IBI, vehículos, tasas de basuras) a la vez que se hallan ocupados en realizar la declaración de la Renta, lo que ha provocado no pocos lamentos –por decirlo de una manera suave–.

Y sí, los lamentos de los ciudadanos, como en tantas otras ocasiones, también tienen esta vez una base sólida, tal como corroboran las estadísticas. Y es que los impuestos del Estado, más los propios de Catalunya, más las últimas subidas de un IBI que se halla entre los más caros de España han hecho crecer la factura fiscal de los tarraconenses de tal forma que somos, junto con los cántabros, los españoles que más días tenemos que trabajar al año para pagar las obligaciones con Hacienda.

Así lo asegura un estudio de ‘think tank’ Civismo –que computa los datos de un trabajador medio, con un sueldo de 24.400 euros, casado, con un hijo…–, según el cual los tarraconenses han tenido que trabajar 134 días para solventar sus obligaciones tributarias, cuatro días más que la media de España y 11 más que los habitantes delPaís Vasco, los que menor carga fiscal soportan.

Así, pues, el pasado 14 de mayo fue para el tarraconense medio el ‘Día de la Liberación Fiscal (Tax Freedom Day)’, es decir, la fecha a partir de la cual los ciudadanos «habrían generado suficientes ingresos como para pagar los impuestos a los que están obligados», dicen los responsables de ‘think tank’ Civismo –un foro dirigido por Julio Pomés y del que forman parte economistas como Pedro Schwartz, Carlos Espinosa de los Monteros, Juergen Donges, Rafael Pampillón, Juan José Toribio o Joaquín Trigo–. A partir de entonces, según subrayan los responsables del foro, «empezamos a generar dinero para nosotros mismos».

Hasta el 7 de julio

Pero la cosa no queda ahí; ‘think tank’ Civismo añade que si se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social, la fecha hasta la que trabajaríamos para pagar impuestos se iría hasta el día de San Fermín. «Sí, esa cotización la paga el empresario –argumentan los economistas de este foro–, pero una cosa es quién paga legalmente un impuesto y otra muy diferente quién lo paga desde el punto de vista económico. Y es que el empresario, al hacer sus cálculos, no piensa en cuánto se va a quedar el empleado de todo lo que le paga, sino cuánto le cuesta a él. Y lo que abona por el trabajador es lo que éste logra que el empresario pague por él, por lo que debería ser su sueldo. Además, la cotización a la Seguridad Social de la empresa española es una de las más altas del mundo».

La jefa de investigación de ‘tkink tank’ Civismo, Cristina Barechet, pone cifras a las cotizaciones: la empresa cotizaría por el trabajador un 29,9% de su sueldo bruto (7.296 euros para un sueldo medio de 24.400 euros). Esto significa que, si estas cotizaciones estuvieran incluidas como parte del sueldo bruto, un trabajador tarraconense percibiría un salario anual de 31.696 euros, pero trabajaría 183 días para el Estado. Es decir, más de la mitad del año.

Casi el 40% del sueldo

Y es que, aun sin contar estas cotizaciones que abona el empresario, casi el 40% de nuestro sueldo va a parar a Hacienda. Eso es lo que debería abonar a las arcas públicas un tarraconense con un salario de 24.400 euros brutos al año. Serían 9.500 euros, lo que equivaldría a 134 días de salario. Así, una vez restadas todas las cargas fiscales (estatales, autonómicas y municipales), a ese tarraconense le quedaría el 60% de su sueldo anual.

Las distintas subidas de impuestos implementadas a lo largo del último año han supuesto, de media, 410 euros más por empleado, a razón de 367 por el último aumento de tipos del IVA y 43 por el alza de tributos municipales y/o autonómicos. La consecuencia es que en 2013 ha habido que trabajar seis días más para Hacienda. Si nos remontamos a los tres últimos años (es decir, incluido el final de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero), cada asalariado se ha visto obligado a abonar 750 euros más al fisco, de los cuales 125 corresponden al IRPF y más de 560 al IVA.

Los que más de Europa

Cristina Barechet destaca que un trabajador medio español sufre una presión fiscal tan elevada como en Suecia o Finlandia. «No obstante, cabe destacar una diferencia crucial: el sueldo medio de estos países casi duplica la renta del trabajador en España». Y pone como ejemplo el tipo máximo del IRPF, que en Catalunya es del 56%, lo que lo convierte en uno de los más elevados del mundo, sólo por detrás de Suecia y de la isla caribeña de Aruba.

El estudio de este foro económico también explica que en el último año España ha sido el país europeo que más ha subido la presión fiscal sobre las rentas: un 1,42%, por delante de Polonia (1,19%) y Eslovaquia (0,8%).

También desmontan estos economistas la tan manida excusa de que España tiene los impuestos más bajos de la Unión Europea. Lo hacen diferenciando la presión fiscal sobre el PIB del esfuerzo que hacen los ciudadanos, es decir, de la presión fiscal per cápita. Así, aunque la presión fiscal en España es más baja que en otros países (un 31,4% de media frente al 38,8%, según los últimos datos de la UE), no es por tributos bajos. La presión fiscal se calcula dividiendo la recaudación entre el PIB. Y en una situación como la actual, con seis millones de parados, la capacidad recaudatoria del Estado se desploma. Pero si en cambio se atiende al esfuerzo fiscal (la presión fiscal dividida entre la renta per cápita de los ciudadanos), la posición de nuestro país en el ránking internacional se acerca a la cabeza. Según el Taxing Wages, un informe reciente de la OCDE, España registró en 2012 el mayor incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, situándose en un 41,4% para un empleado sin hijos. España tiene tipos marginales en el IRPF entre los más altos del mundo y el del Impuesto de Sociedades es cinco puntos superior a la media de los países de la OCDE.

Menos pagan más

El gran problema llega cuando las familias ya no pueden más, pues las rentas brutas de los hogares (bases imponibles), y en particular la de los salarios, se encuentran en sus niveles más bajos desde que comenzó la crisis. Sin embargo, el Gobierno ha conseguido mediante los incrementos impositivos unos ingresos aproximados a los que recaudaba al inicio de la crisis. Y lo ha hecho a pesar de que ahora son menos las personas que tributan y de que esas bases imponibles del trabajo se están despeñando como consecuencia del aumento del desempleo y sobre todo de la reducción de sueldos. Lo que significa que ha subido espectacularmente la presión fiscal individual.

Así lo aseguraba recientemente El País, que se remitía a datos de la Agencia Tributaria:si en 2008 Hacienda recaudó 71.341 millones de euros por IRPF, en 2012 los ingresos han sido de 70.619 millones, pese a que en 2008 había 19,9 millones de ocupados y ahora sólo quedan 16,9 millones. La consecuencia es evidente: menos trabajadores y menos sueldos están pagando más impuestos.

Y en Catalunya, aún más

La voracidad recaudatoria de Hacienda se hace aún más sensible en Catalunya, comunidad autónoma que tiene el dudoso honor de someter a sus ciudadanos a los impuestos más altos de todo el Estado. Ya lo era antes de que ERC se convirtiera en el socio de referencia del Govern, pero el protagonismo de los republicanos y sus exigencias de recuperar algunos impuestos para no profundizar en los recortes ha reforzado a Catalunya en lo más alto de este ránking. Así, Catalunya se convertirá en la comunidad con un mayor impuesto sobre el patrimonio y recuperará el impuesto sobre sucesiones y donaciones, un tributo que prácticamente han eliminado todas las autonomías, elevará el impuesto sobre transmisiones patrimoniales –ya grava la compraventa de viviendas de segunda mano con un 8%– y establecerá nuevos impuestos, como la euroviñeta o el tributo sobre bebidas azucaradas.

A eso hay que añadir que, como decíamos unas líneas más arriba, el 56% de IRPF de Catalunya no es sólo el más elevado de España, sino el tercero del mundo; también podemos jactarnos de ser los que más pagamos en IBI –en Catalunya el Impuesto sobre Bienes Inmuebles está muy por encima de la media: más de 500 euros más que en Navarra, la más barata en este aspecto–; de que firmar una hipoteca aquí es más caro, por el gravamen del 1,5% sobre el valor concedido por el banco; de ser los que más pagamos en el impuesto de vehículos; de ser los únicos antes de Gallardón que teníamos una tasa sobre actos jurídicos; de hacer que quienes se alojen en hoteles catalanes hayan de pagar una tasa turística… Por no hablar del céntimo sanitario en la gasolina, que no es un céntimo, sino 4,8, el máximo permitido; del euro por receta que pagamos hasta que lo declararon ilegal; del precio del agua, con sucesivas subidas del canon;o del transporte público, con uno de los billetes más caros de España, al igual que los taxis; o de los peajes, pues también nuestras autopistas tienen los precios más altos del Estado…

Y lo peor es que, como dice el economista Xavier Sala-Martín, de la Columbia University, «hay países, como Estados Unidos, en los que se pagan pocos impuestos y se obtienen pocos servicios a cambio; hay otros, como Suecia, en los que se pagan muchos impuestos y se reciben muchos y buenos servicios a cambio. Catalunya es un fenómeno insólito, porque paga muchos impuestos pero obtiene muy pocos servicios a cambio».

Y eso es lo más preocupante. Los ciudadanos tienen la impresión de que el esfuerzo que hacen para pagar unos impuestos cada vez más altos no se revierten en mejores servicios, lo que incita al fraude: «Siento que todo lo que pago, que es mucho, sirve sólo para pagar a los políticos que nos están llevando al abismo. Así que si tengo la oportunidad de evitarme un IVA con un trabajo en negro, por supuesto que lo haré», dice Carmen, una tarraconense que expresa en voz alta el sentir de muchos ciudadanos cansados de tanto pagar.