Los Bergantiños no existen. Son un ejemplo supuesto de familia gallega que dedica, cada año, todos sus ingresos brutos —recogidos en la nómina— de 59 días de trabajo a alimentar las arcas de las diferentes Administraciones públicas. A la hora de gastar son contenidos. Su día a día no difiere del de muchos hogares de clase media en España. Este reportaje trata de reflejar cómo afecta a su economía la carga fiscal que conlleva la actividad cotidiana. Los datos que sustentan esta estimación están tomados de la encuesta de gasto de los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), de precios de referencia de diferentes servicios y de facturas reales de hogares con los mismos miembros que los Bergantiños.
Rosa y Arturo están al frente de este hogar supuesto. Son una pareja de padres trabajadores con dos hijos menores de catorce años, Pablo y Blanca. El niño ha empezado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). La niña aún está en Primaria. Ambos van a centros públicos. Viven en la ciudad. Rosa tiene 43 años. Fuma, pero no en exceso. Una cajetilla de Winston a la semana. Trabaja como administrativa en una empresa de un polígono industrial de un concello del área metropolitana. Podría ser Sabón, en Arteixo, o A Granxa, en O Porriño. Llega hasta allí en un utilitario de gasolina que consume 7 litros por cada 100 kilómetros. Recorre unos 25.000 al año. Arturo ha cumplido los 41. Es mando intermedio en una compañía de la capital. Le gusta tomarse una caña con los amigos antes de cenar, pero hace tiempo que no sale de noche. Quizá una vez al año se toma una copa de whisky. El salario bruto que aparece en la nómina de él es de 25.120,5 euros. El de ella es más redondo: son 18.000. Con esas cantidades tienen que hacer frente a un esfuerzo fiscal que supone la cuarta parte del ingreso bruto anual que figura en sus nóminas. Pero el porcentaje equivaldría a un 42,7 % de su salario bruto en caso de que la cuota que sus respectivas empresas pagan a la seguridad social por cada uno de ellos —un 32,5 % del bruto que aparece en la nómina para él y de un 31,65 % para ella— fuese contabilizada como un salario indirecto, como defienden algunos economistas. En ese caso, el bruto del que partiría Arturo sería de 33.684,66, al sumar los 8.164,16 euros que su compañía abona anualmente al fondo de la seguridad social. El de Rosa serían 5.697 euros más de los 18.000 que refleja ahora su nómina.
Con todo, el debate en torno a ese concepto está abierto. Fuentes del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) apuntan que, en la actualidad, «la cuota empresarial a la seguridad social no es entendida jurídicamente como un impuesto que abone el trabajador».
En cambio, hay quiénes no lo ven de ese modo. Desde la fundación Think Tank Civismo apuntan que «esta cuota realmente no la paga el empresario, lo que hace es reducir el salario bruto que debería tener el trabajador para poder pagar esta cotización».
Pero más allá de las cuotas a la seguridad social que abonan estos trabajadores y sus empresas, los Bergantiños se dejan buena parte de su renta disponible en alimentar a las arcas públicas. No solo lo hacen al pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), también a la hora de abonar impuestos especiales aplicados a la electricidad, los hidrocarburos, los seguros, el tabaco o el alcohol. Porque, desde que se despiertan hasta que se acuestan, no dejan de pagar. Y cuanto más consuma una familia, sobre todo en productos como el tabaco o el alcohol, mayor es el volumen de ese equivalente a ingresos brutos que va a parar la Administración.
Basta con que a las 7.00 horas de la mañana Arturo le dé al interruptor para que el contador de la electricidad empiece a operar. En su piso de noventa metros cuadrados ubicado en el centro de la ciudad tienen todo eléctrico y en la factura, además de un 21 % de IVA, pagan un 5,1 % correspondiente al impuesto especial para ese tipo de energía.
Arturo y Rosa hacen su declaración de la renta por separado. Compraron la vivienda en 1999, antes de que los precios del ladrillo comenzaran a dispararse. Ahora tienen una hipoteca pequeña, de 300 euros, que les desgrava en la declaración de la renta. Igual que también lo hace tener dos hijos a cargo (1.200 euros a cada uno por el primero y 1.350, respectivamente, por el segundo). Además del coche, que acabaron de pagar hace un año, es la única propiedad que tienen. Por ella pagan cada año al concello 261,58 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La cantidad se corresponde con lo que paga un piso de ese tamaño sin ascensor en el casco histórico de A Coruña.
Y tomando como referencia las tasas de ese mismo ayuntamiento, abonan cada año 60,8 euros en concepto de impuesto de circulación por su utilitario. Pero ambos impuestos son muy variables en función del municipio en el que estén.
El de la electricidad no es el único contador que echa a andar antes mismo de sentarse a desayunar. Entrar en la ducha también pone en marcha el marcador del agua. Las tasas que vienen incluidas en esa factura —basura, alcantarillado, depuradora y canon del agua— también difieren en función del concello en el que esté ubicada la vivienda. Los Bergantiños abonan cada trimestre 15 euros de tasa de basura; diez céntimos por metro cúbico de agua consumido en concepto de alcantarillado; treinta céntimos por metro cúbico para la depuradora y 4,5 euros por el canon del agua. A la suma de todo ello, incluido el coste del agua, hay que añadir un IVA reducido del 10 %.
Para que la presión fiscal continúe subiendo no hace falta salir del baño. Por las cremas de la cara que echan Arturo y Rosa abonan un 21 % de IVA. Pero aún era peor cuando la niña era pequeña. Porque ese mismo porcentaje de impuesto era el que pagaban en los pañales.
A los Bergantiños les gusta desayunar en familia y bien. Toman café, tostadas con aceite, huevos pasados por agua… La compra de todos esos productos no solo les da energía a ellos para empezar el día, también engrasa el motor del gasto público. Pero no todos esos alimentos aportan la misma energía económica al Estado. Los huevos, la leche o el pan tienen un IVA reducido del 4 %, el mismo que grava al periódico que cada mañana reciben a la puerta de casa o la fruta y las verduras que toman para cenar. En cambio, el aceite está gravado con un 10 %, lo mismo que la carne y el pescado. De los 8,2 euros que pagan por un kilo de merluza en la pescadería, dedican 70 céntimos a alimentar la Hacienda pública. Un porcentaje igual es el que destinan al comprar una botella de agua mineral o un zumo de frutas. Eso en Galicia. Porque, en caso de que esta familia supuesta viviera en Cataluña, tendrían que pagar, a mayores, desde el mes pasado, 0,08 euros por litro de bebidas azucaradas que contengan entre cinco u ocho gramos de azúcar por 100 mililitros, y de 0,12 euros por litro cuando la cantidad de endulzante supere los ocho gramos.