Por Daniel Lacalle
La bajada de impuestos de Estados Unidos, la mayor de la historia, ha supuesto un auténtico revulsivo para la economía. Más de 300 multinacionales del país han anunciado subidas salariales y bonus que benefician a más de tres millones de empleados. No solo se han aumentado para esas empresas. La subida salarial estimada a nivel nacional supera el 2,9% e incluye aumentos de cobertura sanitaria y mayores aportaciones a los planes de pensiones. En promedio, una familia en Estados Unidos tendrá una mayor renta disponible de 2.500 dólares anuales y se duplican las deducciones fiscales a dichas familias.
El 90% de los contribuyentes verán reducida su factura fiscal, según el State Financial Officers Foundation. En España, los intervencionistas no paran de hablar de subir salarios y luchar contra la expatriación de capitales desde las caducas e ineficaces medidas de siempre. Intentan solucionar problemas creados por el intervencionismo con mayor intervencionismo. Y ha tenido, de nuevo, que ser Estados Unidos quien nos muestre que el camino para aumentar salarios y mejorar la economía no es la represión fiscal, sino permitir a las empresas y familias respirar.
Se han pasado años hablando de los paraísos fiscales y ha tenido que ser Estados Unidos el que muestre que la mejor manera de combatir la salida de capitales es no ser un infierno fiscal. Con la errónea política fiscal de la anterior Administración se perdieron más de 125.000 millones de dólares en inversion deals (reubicación de empresas a territorios fiscalmente más atractivos). ¿Qué propuso Obama? Imponer más represión legislativa y fiscal para que las empresas no escapasen. Pues bien, solo con reducir el impuesto de repatriación de capitales a un 10%, que tampoco es bajo, la Administración Trump estima que se atraerán casi dos billones de dólares. Apple ha anunciado un pago de 38.000 millones de dólares al Tesoro, invertirá 350.000 millones y contratará a 20.000 personas en Estados Unidos en los próximos cinco años. La represión fiscal impuesta por Obama generó un efecto recaudatorio nulo y una salida de capitales, mientras una reducción de impuestos decente genera mayor entrada de capitales, inversión y empleo.
ASFIXIA. La represión fiscal siempre genera menores ingresos fiscales de los estimados y efectos negativos en el empleo y el crecimiento. Una fiscalidad orientada al crecimiento consigue el efecto positivo en la creación de puestos de trabajo y unas mayores tasas de actividad económica. Por eso España necesita urgentemente una bajada de impuestos como la de Trump. Solo con tener una fiscalidad similar para la atracción de capitales, la inversión financiera directa en nuestro país pasaría de una cifra aceptable pero insuficiente, una media de 24.000 millones de euros anuales en épocas de crecimiento, a ser mucho mayor, fácilmente el doble, y además sostenida.
En España siempre se acude a dos falacias para negar la posibilidad de la bajada de impuestos. La presión fiscal y el déficit. Primera falacia: “Como hay déficit, no se pueden bajar impuestos”. Pero bajo esa premisa nunca se podrán reducir porque, cuando se ingresa más, los Gobiernos suelen gastar también más y, cuando se ingresa menos, se echa la culpa a la crisis o al fraude o a los norteamericanos, y tampoco se pueden recortar los tributos. Los impuestos no se fijan utilizando como base lo que se desea recaudar, sino atendiendo a los principios de justicia y equidad. El Estado no está para que los agentes económicos se adecúen a su nivel de gasto. El nivel de gasto del Estado debe estar alineado con el potencial de la economía. Y la economía española está asfixiada.
PRESIÓN Y ESFUERZO. Y aquí entra la segunda falacia. “No hay que bajar los impuestos porque la presión fiscal es muy baja, recaudamos menos que la media de la UE”. La presión fiscal es una ratio recaudatoria. Mide los ingresos fiscales sobre el PIB. Y cuando el PIB está controlado en más de un 40% por el Estado, resulta (¡oh, sorpresa!) que cuando engorda la máquina estatal vía deuda, baja milagrosamente la presión fiscal.
El numerador lo paga usted y el denominador (el PIB) se infla desde la acumulación de poder estatal. A usted y a mí lo que nos importa no es la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal, que es lo que usted y yo pagamos de impuestos con respecto a nuestros ingresos, no un concepto tan complejo y diverso como el PIB.Y ahí radica el truco. A medida que el PIB depende más del Estado, la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal se dispara. La presión fiscal en España es de un 38,3% según Hacienda, un porcentaje creciente desde 2009.
Esa presión fiscal es inferior a la media de la UE, una media que inflan países como Bélgica, Alemania o Francia con economías muy diferentes de la española. No se pueden comparar países por nivel de recaudación sin tener en cuenta las diferencias del tejido empresarial y los niveles de productividad de cada cual. España es un país de empresas muy pequeñas. Incluso las grandes compañías tienen un tamaño medio inferior a sus referentes globales, salvo honrosas excepciones. Más del 90% de empresas son pymes (entre las que más del 57% son microempresas, es decir, de un empleado como máximo). El salto de empresa mediana a empresa grande se traduce en 10 puntos más de esfuerzo fiscal sobre el beneficio de explotación.
Esto actúa en detrimento del crecimiento de las compañías y, por tanto, de su capacidad de generar más riqueza y empleo. Una empresa en España que pasa a facturar dos millones de euros se enfrenta a lo que yo llamo “el tsunami fiscal y burocrático”, lo que disuade a gran número de ellas, las paraliza, les invita a no crecer.
EXACCIÓN. Pero España es además uno de los países de la OCDE con una mayor imposición al trabajo. Según el informe Taxing Wages de la OCDE, un empleado en España tiene una presión fiscal sobre su salario total del 39,5%, comparado con el 36% de media de la OCDE. Casi cuatro de cada 10 euros de salario bruto de un trabajador medio español van a pagar los impuestos al trabajo. ¿Debemos agradecer que no sea tan alta como la de Bélgica o la de Francia? España es el único país que yo conozco donde se habla del salario en términos netos. “Con 1.000 euros no se puede vivir”. Lo que olvidamos, como si los impuestos fueran una donación, es que un mileurista es casi un dosmileurista si incluimos los impuestos al trabajo a cargo del propio empleado y del empleador.
Además España es uno de los países con más impuestos a la actividad empresarial. Y eso supone una gran barrera al crecimiento y al tamaño de las sociedades. Si atendemos solo al impuesto de sociedades, las grandes empresas tributan a un 19,8% sobre su base imponible y el resto de las empresas, a un 24,4%, cuatro y dos puntos más que en 2008, respectivamente. Las bases imponibles se han desplomado con la crisis y el impacto de las pérdidas de la expansión internacional. A pesar de ello, el impuesto de sociedades de 2017 será el segundo que más recaude de la historia.
Cuando añadimos los tributos a la actividad económica, los inmuebles, los aranceles, los impuestos autonómicos, locales, especiales, indirectos, verdes, etcétera, resulta que la carga impositiva es brutal. En conjunto, las empresas en España pagan en función de su tamaño los siguientes porcentajes de tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación: empresa pequeña, 41,67%, empresa mediana, 51%, y gran empresa 61,57%, según el estudio ‘La Factura Fiscal de las Empresas en España’ realizado por el think tank Civismo.
INMERSIÓN. Incluso si deducimos los costes laborales, hablamos de una carga fiscal total que se mueve entre el 30% para las empresas pequeñas y el 40% para las grandes. PwC señala en su informe Paying Taxes que España, con un 49%, se sitúa casi nueve puntos porcentuales por encima del tipo efectivo medio europeo (UE y otros países de la región, con un 40,3%). Esta fiscalidad no favorece el crecimiento de las empresas ni la mejora de la inversión, ni el empleo, porque busca recaudar el máximo de lo poco que queda, no estimular el aumento de las bases imponibles.
Todo este esfuerzo fiscal se justifica desde la excusa del estado de bienestar y la existencia de un gran fraude. Pero como se hace sostenible y financiable el estado de bienestares es con más empleo, más inversión y más consumo. Y como se evita el fraude (además de aplicando la ley) es ayudando a que la economía sumergida aflore. La inmensa mayoría de los agentes que se mueven por debajo del control del fisco no lo hacen porque sean perversos, sino en la mayoría de los casos porque están obligados a sobrevivir. Una fiscalidad atractiva impulsaría decisivamente tanto su incorporación a la economía regular como su contribución a las arcas públicas, además de favorecer el consumo, el empleo y la inversión de los que ya contribuyen.
NO ES EL EFECTO CAPITAL. En un país como España, con el esfuerzo fiscal y los desincentivos a la contratación que sufrimos, una bajada de impuestos como la de Estados Unidos no solo no reduciría la recaudación, pues la evidencia empírica demuestra que el efecto de aumentar ese esfuerzo ha sido muy pobre sobre el resultado final de los ingresos públicos, sino que aumentaría de manera muy relevante el empleo y la inversión, además de relanzar el consumo. Y esto no es una teoría. La Comunidad de Madrid es un buen ejemplo. Tiene el tramo de IRPF marginal regional más bajo, una política impositiva que incentiva (en vez de penalizar) el ahorro y la inversión, y ha sido capaz de contener el esfuerzo fiscal desde 2006, con efectos positivos evidentes: mayor tasa de crecimiento del número de empresas de España, empleo estable, crecimiento de la inversión extranjera directa del 117% (comparado con un 44% para el conjunto del país) y aumento de las bases imponibles del IRPF en un 7% (a pesar del periodo de crisis). Y eso no es consecuencia del efecto capital ni de lejos. El País Vasco muestra cifras muy similares y mejoras evidentes con respecto al resto del país. Tener impuestos atractivos funciona. Pero ni el País Vasco ni Madrid están en una situación privilegiada. Su presión fiscal está en la media y muy por encima de países como Estados Unidos o Irlanda.
APRENDER DE LO QUE FUNCIONA. Irlanda es un ejemplo evidente de país europeo que ha entendido su estructura laboral y empresarial y, a través de una fiscalidad atractiva, reduce deuda y déficit, crece más y crea mayor empleo que los países de su entorno. Tiene un estado de bienestar excelente con una fiscalidad para empresas y familias mucho más ventajosa. España debería aprender de lo que funciona, no agarrarse a la peligrosísima idea de que es mejor que gaste el Estado porque, si se bajan impuestos, los ciudadanos y las empresas son capaces de ahorrar (qué cosas, ¡es su dinero!).
La fiscalidad debe ser atractiva y competitiva, y permitir que cambie el patrón de crecimiento y el desenvolvimiento empresarial, en lugar de poner zancadillas y luego decir que tiene que intervenir el Estado porque las empresas no funcionan. España, por su estructura empresarial y su economía, cíclica y orientada al sector servicios, debe tener una fiscalidad que responda a esas realidades, y por ello debe fijarse como objetivo fundamental cercenar el esfuerzo fiscal, eliminar los desincentivos a la contratación y atraer capital. Una bajada de impuestos como la de Estados Unidos fortalecería a las familias, eliminaría los desincentivos a la contratación y, además de atraer mucha más inversión, acabaría con los escollos que impiden que las empresas crezcan y ganen tamaño.
Los impuestos se deben bajar por justicia social y lógica económica. Además, una presión fiscal más baja ataría las ansias gastadoras de las administraciones públicas. Los impuestos bajos orientados al crecimiento son suficientes para atender el estado de bienestar, pero sobre todo son cruciales para contener el Estado burocrático. Los impuestos altos, por el contrario, debilitan nuestra estructura empresarial y nuestra capacidad de afrontar con éxito los ciclos económicos.