Una nueva plataforma ciudadana ha reunido más de 40.000 firmas en Asturias para exigir a los partidos políticos el final del impuesto de sucesiones. El grupo denuncia la alta carga tributaria que, según su criterio, sufren los herederos asturianos en comparación con los de otras regiones y alerta de la creciente “deslocalización” de patrimonios hacia las comunidades que tienen un trato fiscal más favorable.
Según un informe conocido estos días, el asturiano medio tiene que dedicar el equivalente al salario bruto de medio año para pagar impuestos y cotizaciones sociales, una proporción análoga a la del conjunto del país.
La plataforma, , la segunda nacida en Asturias en el último año y medio con el mismo propósito, mantuvo ayer el primero de varios encuentros con grupos parlamentarios de la Junta General del Principado. Una representación del colectivo, encabezada por su portavoz, el abogado Álvaro López-Castro, expuso sus demandas a la diputada del PP Emma Ramos, quien calificó como “confiscatorio” el tributo asturiano y afeó al Gobierno del socialista Javier Fernández que no haya resuelto el llamado “error de salto”. El Ejecutivo incluyó en su proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2016 la corrección de ese fallo de diseño, que produce un problema de equidad al aplicar la exención que disfrutan los beneficiarios de herencias modestas ( bases imponibles inferiores a 150.000 euros). Debido al “error de salto”, quien hereda 150.000 euros no paga nada, pero quien recibe 151.000 tiene que tributar desde el primer euro y su factura fiscal es de 18.000 euros. La reforma quedó bloqueada tras el desacuerdo en la Junta sobre las cuentas públicas para este año y el Gobierno la ha dejado fuera de la primera ley para afrontar la prórroga presupuestaria.
La plataforma que rechaza el impuesto habló ayer de que está considerando la posibilidad de presentar una candidatura a las elecciones autonómicas “con el único fin de eliminar el impuesto” si los actuales grupos parlamentarios no toman la iniciativa. El colectivo incide en las diferencias tributarias entre autonomías.
“Pagamos los de siempre, los de Andalucía, Murcia y Asturias”, dijo el abogado López-Castro, y añadió: “Tengo clientes que se marchan de la región sólo por este impuesto”. Según esa tesis, las “deslocalizaciones de patrimonios” se estarían acelerando hacia Madrid, pero también hacia Canarias, región que últimamente ha rebajado el tributo de las herencias hasta dejarlo en el más bajo de España. Según un ejemplo reciente elaborado por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf), una persona soltera que herede bienes por valor de 800.000 euros tributa 162.618 euros en Asturias, 1.586 en Madrid y sólo 134 en Canarias.
Otros estudios recientes señalan en cambio que la presión fiscal de otros tributos es análoga en Asturias a la media nacional. Según el informe “Día de la liberación fiscal 2016”, una iniciativa del colectivo Civismo, centro de estudios y debate (“think tank”) de orientación ultraliberal, el trabajador asturiano medio realiza un esfuerzo fiscal equivalente al salario de 181 días de trabajo. Es el tiempo necesario, estima ese grupo, para pagar los impuestos directos e indirectos y las cotizaciones que sostienen la sanidad y educación públicas o las pensiones. La estimación incluye los pagos del trabajador y de su empresa a la Seguridad Social (102 días) y los correspondientes al IRPF (37 días), IVA (25 días), tributos especiales (12 días) y otros impuestos (5 días).
El cálculo comprende, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos (“céntimo sanitario”) y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de los ayuntamientos, aunque no recoge la carga tributaria de otros como los de sucesiones o patrimonio.
Con esa metodología, el “Día de la liberación fiscal” de un asturiano es el 30 de junio (“la fecha a partir de la cual los ciudadanos comienzan a trabajar para sí mismos”, dice Civismo). Es un resultado igual al promedio del país e idéntico al de Madrid o Navarra. Las autonomías donde el esfuerzo fiscal es mayor son Cataluña y Castilla-La Mancha.