Cinco comunidades autónomas, que suman una población total de casi 8,34 millones de personas, han arrancado el año con subidas de impuestos aprobadas por los ejecutivos regionales formados tras las elecciones autonómicas de 2015. En cuatro casos, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, los nuevos gobiernos son coaliciones de izquierdas, mientras que en La Rioja continúa el PP, apoyado por Ciudadanos.
Navarra
Navarra, donde la presidenta Uxue Barkos (Geroa Bai) cuenta con el apoyo de EH Bildu, Podemos e I-E (rama autonómica de Izquierda Unida), estrena una reforma que supone un importante aumento de la presión fiscal para los ciudadanos. Aunque el discurso oficial es que se aumenta el IRPF para los ingresos superiores a los 32.000 euros anuales, el incremento es real a partir de los 19.500 euros, según un informe del Think Tank Civismo. Esta organización estima que el trabajador medio pagará 180 euros extras cada año. El tipo máximo se sitúa como el más alto de España, , al pasar del 48% al 52%.
A esto hay que sumar la recuperación del impuesto sobre los hidrocarburos, que le costará a cada navarro una mesa de 44 euros anuales.
El mínimo exento del Impuesto de Patrimonio pasa de 800.000 euros a 550.000 euros, con lo que aumenta la cantidad de contribuyentes obligados a pagarlo. El de Sociedades se incrementa del 25% al 28%, si bien se mantiene el del 23% para pymes y el 19% para micropymes. A todo lo anterior se suma que las SICAV dejan de tributar al 1% para pasar al régimen general.
Aragón
Aragón supera a Navarra en cuento al aumento de la presión fiscal, aunque su tipo máximo de IRPF sigue siendo más bajo que el de la comunidad foral. Aún así, se incrementa del 45% al 47,5%. El mínimo exento del impuesto de Patrimonio baja de 700.000 hasta 500.000 euros al tiempo que desaparecen bonificaciones en Sucesiones y Donaciones.
Tanto en sucesiones como en donaciones se elimina la bonificación del 65% en patrimonios preexistentes superiores a 402.000 euros. En las donaciones, además, desaparece la bonificación del 100% en transmisiones de padres a hijos inferiores a 300.000 euros.
La ofensiva fiscal no termina ahí. El Gobierno de Javier Lambán (PSOE), con el apoyo de CHA y Podemos, ha creado impuestos sobre las líneas eléctricas de alta tensión, los embalses, el transporte por cable (las telesillas de las estaciones de esquí y teleféricos). Como Navarra, ha establecido un impuesto especial sobre los hidrocarburos.
Comprar una vivienda usada resultará más caro, al subir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7% al 8% o el 9% si el valor supera el medio millón de euros. El gravamen sobre Actos Jurídicos Documentados, que afecta a la compra de vivienda nueva y los préstamos hipotecarios, se pasa del 1% al 1,5% y las operaciones con opción a la renuncia a la exención de IVA sube su gravamen del 1,5% al 2%.
Baleares
La socialista Francisca Armengol, que gobierna en Baleares con el apoyo de Podemos y Mes, es otra mandataria que se ha lanzado a incrementar la presión fiscal en varios frentes. Ha aumentado el IRPF para los ingresos superiores a 70.000 euros anuales y ha establecido un tipo máximo del 47,5%. También en este archipiélago se rebaja el mínimo exento de Patrimonio, que pasa de 800.000 a 700.000 euros, y se fija un tipo máximo del 3,45% en vez del 2,5% anterior. El ejecutivo regional ha avisado que podría tocarse al alza los impuestos de sucesiones y trasmisiones.
Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha reducido el mínimo exento de pagar el impuesto de Patrimonio de 700.000 a 600.000 euros. Además, le ha sumando un porcentaje autonómico del 25% al gravamen. El Gobierno de PSOE con Compromis ha incorporado diversas tasas extras y tiene previsto aplicar desde 2017 una ecotasa al turismo.
La Rioja
La única comunidad gobernada por el PP donde se suben impuestos es La Rioja, presidida por José Ignacio Ceniceros con el apoyo de Ciudadanos. En este caso se ha aumentado el IRPF para rentas superiores a 120.000 euros.
En el extremo opuesto a estas comunidades están Andalucía, Castilla y León, Galicia y Canarias. En todas ellas se han rebajado algunos impuestos.