Los riojanos trabajan hasta el 26 de junio solo para hacer frente a los impuestos
27 de junio de 2019

Casi medio año trabajando para pagar impuestos… o más de medio año con plena disponibilidad de lo que se ingresa. Esa es la doble perspectiva desde la que se puede enfocar el informe ‘Día de Liberación Fiscal 2019’ elaborado por el laboratorio de ideas liberal Civismo y en el que se analiza el influjo del sistema fiscal en las rentas de los ciudadanos para determinar las jornadas laborales íntegras destinadas al pago de impuestos.

En La Rioja, ese día fue ayer, 26 de junio, es decir, con todas las percepciones recibidas por los trabajadores durante los 177 primeros días del año se puede hacer frente al abono de todos los impuestos (cotizaciones sociales, IRPF, IVA, especiales, etc…). Por detrás de Ceuta y Melilla, cuya liberación tributaria se completó el 24 de junio, La Rioja cruza ese Rubicón fiscal un día antes que la media española. A lo largo de los próximos días de junio alcanzarán ese punto de inflexión el resto de regiones mientras que Navarra, Valencia, Castilla La Mancha, Cantabria y Cataluña lo harán entre el 1 y el 5 de julio.

El informe, elaborado por el economista Javier Santacruz, detalla que de esas 178 jornadas laborales que los trabajadores españoles destinan a ajustar cuentas con el Estado, el grueso se lo llevan las cotizaciones sociales: 103 días, uno más que en el 2018 «que se debe a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros», argumenta el estudio. El mordisco del resto de tributos es más comedido. Así, solo para hacer frente al IRPF se necesitan 34 jornadas laborales al año (uno menos que en el 2018 «gracias a las medidas tomadas por la administración central y las CCAA» y que palían los efectos de la subida del SMI); 25 para el IVA, 11 para los impuestos especiales y 5 más para el resto de tributos (IBI, Patrimonio, Sucesiones, etc.).

El estudio también analiza «el gran impacto» que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales en el salario neto de los trabajadores. Es lo que se denomina ‘cuña fiscal’, el peso real de los impuestos al trabajo en España. A partir de los datos del salario bruto medio anual y del coste laboral que ofrecen las encuestas del INE, el informe de Civismo sostiene que la mayor incidencia de esa cuña se registra entre los trabajadores de entre 45 y 64 años (38,34%): es decir, de cada 100 euros que abona el empleador el contratado percibe 61,66 euros. En el extremo contrario, la cuña fiscal de los pensionistas se reduce al 12,03%. En el caso de las familias con un hijo, ese bocado oscila entre el 32,37 y el 37,52% y entre el 31,16 y el 36,61% en el caso de la de dos hijos.

El documento concluye que «la ingente cantidad de recursos transferida desde los particulares hasta el erario otorga al Estado un poder sin precedentes y limita de forma considerable la libertad individual» al tiempo que desde Civismo alertan del «posible efecto que causaría un Gobierno que optara por intensificar la fiscalidad: un desincentivo de la inversión. Una consecuencia muy preocupante, dado que La Rioja necesita que acudan más empresas creadoras de empleo, máxime cuando linda con las dos comunidades forales que pueden ofrecer ventajas competitivas».

Javier Santacruz, autor del informe, sostiene que la realidad actual podría cambiar con el futuro Ejecutivo regional y alerta de «un riesgo real de reversión de la tendencia general a bajar el impuesto de la Renta y de revertir medidas como el aumento de la exención del 50 al 75% del impuesto de Patrimonio».

En líneas generales, sostiene que no solo es positivo que La Rioja sea la comunidad «en la que se pagan menos impuestos», sino que lo es aún más cuando se combina «con una percepción de servicios públicos similar o por encima de la media nacional. Denota que la Administración riojana, con menos dinero, hace más cosas, es más competitiva». Además, y en cuanto al
efecto frontera, cree que «La Rioja ha sabido hacer de la necesidad virtud y, sabiendo que no puede competir a nivel fiscal, lo hace manteniendo un buen nivel de servicios públicos».

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