La presión fiscal que soportan los trabajadores granadinos, como los del resto del país, ha llegado a tal punto que precisan de 184 días para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones tributarias. Es decir, algo más de seis meses completos de su esfuerzo laboral se van en pagar su cotización a la Seguridad Social y la carga que suponen tributos como el IRPF, el IVA, los de carácter especial y otros. Así, al menos, lo ha calculado la entidad Think Tank Civismo que recientemente presentó públicamente sus resultados en Madrid y a cuyo estudio ha tenido acceso este periódico
Precisamente el pasado tres de julio, se cumplió lo que en el mundo anglosajón se conoce como el ‘Tax freedom day’ –’Día de la liberación fiscal’– y que no es otra cosa que el momento en el que cualquier ciudadano que trabaja habrá generado suficientes ingresos para pagar todos los impuestos antes citados. Desde el viernes, comenzó a generar ganancias para sí mismo.
Si tomamos como referencia un sueldo medio de 24.400 euros al año, el mencionado asalariado granadino destinaría 102 días a pagar las referidas cotizaciones a la Seguridad Social, otros 41 días para abonar el IRPF, 25 días más para hacer frente al IVA, otras once jornadas para los impuestos especiales –hidrocarburos, alcohol y tabaco, básicamente– y cinco días más para otro tipo de tributos. En total, los mencionados 184 días que supondrían un montante económico de 15.988 euros destinados a pagar a la Administración.
Todo lo anterior es aún más relevante si tomamos en consideración que cualquier empresa, por su parte, cotiza a la Seguridad Social el equivalente a 84 días de trabajo que traducido a euros supondría 7.296 más que el salario bruto. Esto significa, a su vez, que el coste real del trabajador para la empresa asciende en verdad a 31.696 euros.
Aunque en el último año los retoques impositivos no han supuesto una subida que sea destacable, lo cierto es que a lo largo del cuatrienio pasado la incesante presión fiscal ha situado al mencionado ‘Día de la liberación fiscal’ en máximos históricos. En cómputo nacional, los trabajadores han podido apreciar que tienen que trabajar nueve días más –con un coste añadido de 747 euros– que en 2010 para cumplir con sus obligaciones tributarias para con la Administración. O para ser más precisos, con las distintas administraciones que cobran los citados impuestos y con organismos oficiales como la Seguridad Social, que se encarga de mantener cada mes la hucha común con la que abonar las pensiones contributivas a quienes están ya en situación de jubilados.
Nivel de renta
En contra de lo que pudiera parecer, el esfuerzo fiscal de cualquier trabajador crece con el salario bruto. El informe de referencia parte de una renta de 15.500 euros, cuyo titular hubiese precisado dedicar todo su esfuerzo hasta el 16 de junio pasado para atender sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, hasta otra de 40.000 euros con la que quien la perciba tiene seis días más que bregar en el trabajo con idéntico fin. Esto es, hasta el 9 de julio.
Curiosamente, dentro de este análisis resalta por si mismo que rentas superiores a los 40.000 euros, como son las que suponen 100.000 al año, exigen un menor esfuerzo en trabajo que las anteriores. La autora del trabajo, Cristina Berechet, explica pormenorizadamente las razones a este respecto: las cotizaciones a la Seguridad Social cuentan con un tipo impositivo único en España. Por tanto, no se trata de un impuesto progresivo como el IRPF. No tienen en cuenta deducciones en función del nivel de renta y por ello, incluso para las rentas más bajas se aplica el tipo máximo, el 36,25%, del que un 29,9% corre a cargo de la empresa y el 6,35% restante por el trabajador.
Como las cotizaciones tienen un límite máximo, las rentas que sobrepasan los 3.597 euros mensuales pagan únicamente hasta ese nivel, de forma que ningún contribuyente puede cotizar más de 15.647 euros anuales a la Seguridad Social. Consecuentemente a lo anterior, las rentas más elevadas se benefician de este sistema. A su vez, este techo plantea otro problema derivado para el empresario: le resulta más barato subir el sueldo a los trabajadores que más ganan que a los que perciben salarios más bajos.
La escasa progresividad fiscal existente en España provoca que la diferencia en los tipos impositivos, según este estudio de Think Tank Civismo, sea inferior a siete puntos porcentuales. Así, el que se le aplica de forma real a un mileurista es del 36,18%, que se eleva al 39,35% para quien gana un salario neto de 1.600 euros y del 43% para el que percibe 5.400. De este modo, de poco sirve que haya comunidades autónomas donde existan hasta once tramos de renta o que los tipos impositivos vayan desde el 13% de Navarra al 56% en otras zonas del país.
Por todo lo anterior, estudios hechos por la OCDE revelan que más allá de un determinado nivel de ingresos el sistema es regresivo. Pagan considerablemente más las rentas bajas y medias que las altas.
Distinto nivel
El esfuerzo fiscal que realizan los trabajadores españoles para atender sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social varía aunque no de una forma significativa de unas comunidades y provincias a otras. La horquilla es de nueve días. La media, la antes mencionada de 184 jornadas de trabajo con los que cumplir esos compromisos. Tal es el caso de la provincia de Granada, como queda dicho.
Sirva a modo de ejemplo que un ciudadano que trabaje en Barcelona o Santander, tendría que destinar esos nueve días más y 737 euros extra al año si se le compara con otro Vizcaya o Guipúzcoa. La razón es que en las primeras provincias citadas el IBI está muy por encima de la media nacional y otro tributos, como el de Venta Minorista de Hidrocarburos o el de la Renta, son igualmente más elevados que en las otras.
