Entre el 28 de junio y el 5 de julio los habitantes de las distintas comunidades autónomas españolas han dejado de trabajar exclusivamente para Hacienda, es decir, para pagar impuestos. A partir de ese día, todo lo que produzcan, si conservan sus fuentes de renta, será para ellos… hasta el 31 de diciembre en que volverán a trabajar para los recaudadores públicos.
El cálculo del Día de la Liberación Fiscal, que se ha establecido este año en el 1 de julio, lo ha vuelto a elaborar el think tank Civismo –del que este autor es miembro de su consejo asesor– en un trabajo que firma, como lo ha hecho los últimos seis años, Cristina Berechet, su jefa de investigación.
El informe, que es breve pero que ha ido ganando en contundencia con el paso de los años, trae varias novedades. La buena es que este año el Día de la Liberación Fiscal se ha adelantado dos días. Es la primera vez que ocurre en los últimos cinco años. Y se debe a la reforma fiscal del Gobierno y a la bajada de algunos impuestos autonómicos. Puede decirse que un año electoral supone dos días menos de impuestos al año para el ciudadano.
La mala noticia es que en 2014 la carga fiscal fue la más alta desde 1995, que es desde cuando la Agencia Tributaria tiene series estadísticas, llegando al 15,2% de las bases imponibles (en 2009 fue del 12,4). Y se notó en la recaudación: con muchos menos empleos y empresas, el Estado ingresó 175.000 millones, sólo por detrás de ejercicios como 2006 y 2007, en plena burbuja de crédito.
No es extraño, entonces, que un español promedio le dedique 102 días a cumplir con la Seguridad Social, 38 días al IRPF y 25 días al IVA, por citar los tres impuestos más comunes.
Pese a la tímida reforma fiscal de Rajoy, el diseño tributario sigue comportándose de forma aberrante en ciertos aspectos. Uno de ellos es la fiscalidad del trabajo. No sólo se gravan relativamente más las rentas medias y bajas, sino que la cuña fiscal (el porcentaje que suponen los impuestos sobre la renta y las cotizaciones sobre el coste laboral real) española es la 13ª más alta de 34 países de la OCDE y supera en cinco puntos a la media.
Además, las familias con hijos y un único sueldo soportan una presión fiscal muy por encima de la media de los países ricos y de naciones como Alemania, Noruega o Dinamarca. Este segmento –con hijos a cargo– ha sido especialmente perjudicado por el hachazo fiscal del PP. «En una familia monoparental con hijos y una renta que no llega al 70% del salario medio, la presión tributaria duplica la media de los países desarrollados: un 30,5% en España, frente al 17,9%, la media de los países de la OCDE… Nos sigue gustando penalizar el trabajo y el tener hijos, los pilares del futuro», subraya Berechet.