Hasta ahora, cuando una normativa posibilitaba el despilfarro, el ministro responsable no temía censura oficial. Los contribuyentes sufrían un equivocado modo de gastar el dinero de todos y aguantaban sin protestar. La situación cambió cuando nuestro país estaba próximo al rescate. La Comisión Europea (CE) y el FMI forzaron que España crease la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Su objeto era velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, en lugar de dotar a esta entidad de un estatuto que preservara su independencia, se le hizo depender del mismo ministerio al que tenía que inspeccionar. Hacienda quiso desde el principio debilitar a su censor y concedió a la Airef la mitad de técnicos que recomendaban el FMI y la CE y unos recursos insuficientes para su labor. Era de libro que nadie hace fuerte a quien le va a vigilar.

Hacienda ha tenido varios desencuentros con la Airef, comenzando por desoír la recomendación sobre objetivos de déficit de las CC.AA. El último chispazo ha sido una orden de Hacienda para ser el único suministrador de los datos que la Airef necesite, lo que ha llevado a esta entidad a recurrir a la Audiencia Nacional.

La obsesión del ministerio por controlarlo todo y no ser controlado por nadie desvela una actitud arrogante que conocemos muy bien los contribuyentes.

Ellos son inmisericordes con el error del ciudadano, pero no le compensan en la misma medida cuando, tras costosos juicios, Hacienda es condenada. A medida que se agiganta la hipertrofiada Administración, el ciudadano se hace más pequeño, porque nadie controla al controlador.

Nuestra democracia es cada vez más formal y crece la indefensión de los particulares. Es triste que el único camino para recuperar tanta libertad perdida sea Europa, como se va a hacer con las sanciones por la declaración de bienes en el extranjero. ¿Para cuándo un poderoso Defensor del Contribuyente, una figura similar a la de la Airef que reprima tanto acoso fiscal?