Queridos y endeudados amigos, estamos de enhorabuena, tenemos por delante medio año para gastar el dinero que ganemos en lo que nos plazca. “Sólo” hemos tenido que trabajar 178 días para ganarnos nuestra libertad y librarnos del yugo estatal que -ya saben- por nuestro bien nos ha extraído coercitivamente nuestro salario hasta la fecha. Si tenemos en cuenta la enorme bola de deuda que hemos asumido, el yugo estatal se extendería hasta los 280 días. Nada más y nada menos que el 6 de octubre.
Esta es la conclusión a la que ha llegado Javier Santacruz, investigador de Think Tank Civismo, en su informe sobre el Día de la Liberación Fiscal 2019 publicado este jueves. Un documento que debería provocar que los españoles saliéramos en masa a la calle a parar el saqueo estatal. Y, sin embargo, tenemos que escuchar a diario cómo el “estado de bienestar” (que en realidad es el bienestar del estado) necesita más recursos con los que agrandar su hipertrofia. Los beneficios sociales más importantes para el ciudadano medio español suponen al erario público 8.538 euros al año. Y, sin embargo, la cuantía media anual de impuestos asciende a 13.587 euros.
En esta cuenta no está incluido el sistema de pensiones de reparto, uno de los pilares del estado de bienestar, que acumula un agujero de 100.000 millones de euros desde 2010. A su cuenta, los pensionistas son los que menos pagan (unos 4.600 euros al año) y los que más reciben (más de 20.000 euros anuales). La socialdemocracia y su amada “justicia social” son así: vivir con cargo a las generaciones futuras, despedazar la propiedad privada y subyugar al “bien común” la capacidad de prosperar y los incentivos meritocráticos del grueso de la población.
El leviatán estatal engulle y no mira lo que deja atrás. Los ciudadanos españoles soportamos una presión fiscal similar a la de 2002 y, sin embargo, el déficit, está 2 puntos por encima. Por el camino, nos hemos dejado años en los que hemos tenido que trabajar 193 días (¡más de la mitad del año!) sólo para satisfacer los sueños megalómanos de Zapatero y allegados. Cada vez que un político le hable de la necesidad de “fortalecer” el estado de bienestar, le debe usted recordar que hay sociedades públicas en Andalucía con el 95% del presupuesto destinado a personal, más de 14.000 millones en subvenciones opacas, y 4.700 millones destinados a políticas activas de empleo inútiles, entre otros “logros”.
El dogma de fe sobre el que los intervencionistas construyen su discurso en realidad es una amalgama de colectivismos que amenazan a la sociedad más próspera de toda nuestra historia. La diferencia entre la cuña fiscal de una familia sin hijos y otra con dos hijos es de 2,5 puntos porcentuales. Para nuestros políticos, 51€ al mes son capaces de fomentar la natalidad y asegurar el futuro del país, mientras la tasa de paro juvenil (35%) parece pasar a un segundo plano porque hay que luchar por un SMI de 1.300€ sin importar la situación empresarial.
Como si la natalidad no tuviera nada que ver con unas condiciones laborales estables y con perspectivas de futuro, de la capacidad de acceder a una vivienda (presente y/o futura) o de garantías para un futuro en el que los descendientes vivan mejor que nosotros. Esto, de la brecha intergeneracional, también se trata en el informe. Concretamente, Javier Santacruz señala:
- La deuda son impuestos futuros trasladados a consumo presente. El día de la liberación fiscal cada vez será más difícil de bajar por el peso de una deuda que no podremos pagar sin crecimiento.
- La inflación es otro impuesto en la sombra que tenemos que pagar “obligados” por los bancos centrales y “olvidados” por los legisladores naturales.
- La subida del SMI a 900 euros, tan alardeada por la izquierda y que afecta, principalmente, a jóvenes y a colectivos desfavorecidos, ha supuesto un incremento del coste laboral al empresario de 1.162,76 euros, los cuales se traducen en una disminución de salario en términos netos de 203,67 euros anuales.
Ahí es nada. Vaya con el gobierno del progreso y de defensa de los derechos fundamentales de los más desfavorecidos. Vivimos en un infierno fiscal en el que los empresarios pagan mucho (y, por tanto, contratan poco y con salarios bajos), los trabajadores cobran poco y el que siempre gana es Hacienda, que se queda con una parte cada vez mayor del pastel.
El estado español tiene que recaudar entre 1,4 y 2,15€ por cada euro efectivamente gastado. Esto es dinero que sale de su bolsillo sin destino claro, no hay efecto redistributivo de la renta y las perspectivas de futuro empeoran para la generación que mejor ha vivido de nuestra historia. Mientras, la cuña fiscal en España se incrementa año tras año y en la OCDE disminuye.
Diría que tenemos una clase política visionaria si no fuera porque estamos en plena desaceleración económica, con perspectivas negativas, y provocada por los mismos errores que la anterior. El país se descompone al mismo ritmo que se aleja del liberalismo conservador. Recuperar la libertad económica es recuperar la prosperidad social. Debemos revelarnos contra este infierno fiscal.