El Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) en Europa, conocida como Tasa Tobin y que se implantará en once países de la UE el próximo año, podría destruir hasta 640.000 puestos de trabajo, 81.000 en España, según un nuevo estudio, realizado por el think tank New Direction de Bruselas, colaborador directo del think tank Civismo.
El estudio The Real Economic Impact of a European Financial Transaction Tax pone en tela de juicio los análisis de la UE y considera que la Comisión hace oídos sordos a los efectos negativos de esta medida, centrándose únicamente en cómo gastarían el dinero recaudado (34.000 millones de euros) los países miembros.
“La Comisión Europea sabe que el Impuesto sobre las Transacciones Financieras causará graves daños económicos”. Sin embargo, según Tom Miers, director de New Direction, ha estado desviando la atención centrándose en las posibles salidas que se le podría dar a ese dinero. Es hora de desechar este peligroso impuesto de una vez por todas”, concluye Miers.
De la misma opinión es Julio Pomés, presidente del think tank Civismo, quien entiende que “las empresas e inversores que más operan en los mercados se marcharán a los países europeos donde ese tributo no exista dando como resultado que al final las pérdidas reales superarán a los ingresos”.
Este es el punto más controvertido del proyecto. Tan solo 11 países de la UE, entre ellos España, que representan el 90 por ciento del PIB de la eurozona, han reclamado en varias ocasiones el establecimiento de esta tasa. Y la resolución aprobada en diciembre de 2012 por el Parlamento, con 533 votos a favor, 91 en contra y 32 abstenciones, subraya que el impuesto sobre transacciones financieras alcanzaría realmente sus objetivos si se introdujera a escala mundial y pide a la UE que siga tratando de lograr un acuerdo en este sentido.
Los once países que hasta el momento han solicitado participar en la propuesta son Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Austria, Grecia, España, Italia, Eslovaquia y Estonia. Los demás Estados miembros pueden unirse en cualquier momento si así lo desean.
Además, este impuesto se está convirtiendo, según los firmantes del estudio, en un asunto muy controvertido ya que el gobierno de Reino Unido está lanzando un desafío legal al uso de esta “tasa” y el francés exige cambios a gran escala a principios de este mes. Así pues, ahora es el Consejo el que tiene que aprobar por mayoría cualificada el procedimiento de cooperación reforzada para que pueda empezar a tramitarse la propuesta.
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