Anda revuelto el país ante las presiones del gobierno nacional para que la Comunidad de Madrid eleve la presión fiscal sobre sus contribuyentes. Desde Moncloa y algunas regiones, se acusa al Partido Popular de haber convertido Madrid en un paraíso fiscal y de practicar el “dumping fiscal”. Lo primero resulta bastante pintoresco y tengo serias dudas de que haya mucha gente que pague impuestos en Madrid que piense que vive en tal paraíso. Es cierto que en otras regiones están bastante peor que nosotros… pero me temo que hasta llegar al paraíso nos queda un largo trecho. Por otra parte, el término “dumping fiscal” es cuando menos desafortunado; e indica que quienes lo utilizan no saben bien de lo que hablan.
El término “dumping” se utiliza desde hace mucho tiempo en comercio internacional y define, de acuerdo con el glosario de la Organización Mundial de Comercio, una práctica consistente en exportar un producto a un precio inferior al que se vende en el mercado interno o a su coste de producción. Es decir, algo muy diferente al hecho de que un país –o una región– establezcan tipos de gravamen mayores o menores en sus impuestos. Lo que realmente quieren decir quienes critican a las jurisdicciones de impuestos más reducidos es que están en contra de la competencia fiscal, que es el término que se debería utilizar en este debate. Pero, como en comercio internacional el término “dumping” suele verse relacionado con prácticas ilícitas –aunque no siempre lo sean– lo vemos empleado en España con clara intención de acusar de prácticas contrarias a la legalidad a determinadas comunidades autónomas –Madrid en especial– que respetan la ley de forma escrupulosa.
Pero la cuestión de fondo no es naturalmente, el lenguaje, sino los posibles efectos de la estrategia del gobierno nacional. Por ello convendría pararse un momento a pensar qué ocurriría si éste finalmente triunfara y nos obligara a quienes vivimos en Madrid a pagar más impuestos. El primer resultado sería un ataque en toda regla a la autonomía de las comunidades españolas. Parece increíble que un gobierno al que se le llena la boca hablando de que el país debe evolucionar hacia un estado de estructura federal niegue uno de los principios básicos del federalismo: la posibilidad de que las jurisdicciones subnacionales determinen en el marco de sus competencias la presión fiscal a la que quieren someter a sus residentes. La contradicción es tan clara que en las propuestas de armonización se plantea a veces la posibilidad de que haya un tipo de gravamen mínimo obligatorio en todo el país y se permita a las comunidades autónomas elevar este tipo si lo desean. Tal propuesta supone, ciertamente, reconocer que se está atacando la autonomía y se sugiere una solución de compromiso. Es decir que el ataque sea algo más suave, al dejarse a las comunidades un cierto margen de maniobra.
El segundo efecto sería que, en contra de lo que se afirma en muchas ocasiones, la armonización con subida de impuestos podría suponer un deterioro del nivel de bienestar de los contribuyentes. La idea que se repite una y otra vez es que la competencia fiscal reduciría el nivel de la recaudación fiscal; y que esto implicaría peores servicios públicos y, por tanto, que la gente pasaría a vivir peor. Lo primero es cierto, sin duda. Lo segundo puede ser totalmente falso. Y puede serlo porque el argumento parte de la idea de que, con armonización, las comunidades autónomas mantendrían niveles óptimos de gasto público y presión fiscal, que se verían afectados negativamente por la competencia. Pero ésta es una suposición gratuita. Es cierto que si el nivel de gasto público fuera óptimo –o subóptimo– una reducción de ingresos fiscales significaría un deterioro del bienestar social. Pero si el nivel de gasto público y de presión fiscal estuvieran por encima del óptimo, la reducción de impuestos generada por la competencia fiscal elevaría el bienestar de la población. Y creo que es muy difícil argumentar hoy con un mínimo de seriedad que lo que necesitamos los españoles en estos momentos es una subida de impuestos para mejorar nuestro nivel de vida.
Por otra parte, hay que señalar que la competencia fiscal no solo favorece a quienes viven en las Comunidades que bajan impuestos. En realidad, los efectos de aquella pueden resultar positivos también para otros contribuyentes. Si yo fuera residente, por ejemplo, en Cataluña, sería el primer defensor de la bajada de impuestos en Madrid. Y la razón es clara: el hecho de que algunas jurisdicciones reduzcan sus impuestos supone una restricción para los gobiernos de aquellas comunidades autónomas que se niegan a bajarlos o incluso planean subirlos. Si yo viviera en Cataluña y viera que en otras regiones la presión fiscal es más baja, tendría la opción de marcharme a alguna de ellas; es decir podría “votar con los pies”, de acuerdo con uno de los principios básicos del federalismo fiscal. Pero es posible incluso que tal traslado no fuera necesario, si la competencia obligara a la hacienda de Cataluña a tratarme un poco mejor. Es comprensible que a su gobierno no le guste la idea. Pero a los contribuyentes catalanes les vendría muy bien, sin duda alguna.