Los políticos saben que el gasto público, al igual que los impuestos, son un tema sensible para captar votos, especialmente cuando los comicios coinciden con el cierre de la Campaña de la Renta. Uno de los temas estrella en el mercadeo electoral está siendo la promesa de tributos más bajos para la inmensa mayoría de votantes de renta medias o bajas. Que paguen más los ricos también tiene beneficios electorales, ya que, como estos representan muy pocos votos, compensa el efecto positivo que esta medida tiene sobre los menos afortunados.

El increíble programa de Podemos.

Podemos plantea subir el gasto público de la próxima legislatura en 60.000 millones y, para poder financiarlo, la formación radical hace unas previsiones de ingresos adicionales de 53.000 millones, de los que 37.900 provendrían de una reforma tributaria. Estas cifras son asombrosas en el histórico de las recaudaciones fiscales. Dicen que los nuevos recursos se conseguirían gracias a un crecimiento del PIB del 3,5%. Y eso cuando el consenso de los analistas señala que se prevé una moderación gradual del ritmo expansivo, es decir, crecimientos futuros de la economía en torno al 2%.

También anuncian la subida de los tipos del IRPF para los que ganan más dinero, es decir, para las rentas superiores a los 60.000 euros –una nueva y amplia definición de rico–, así como aumentar y extender el impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. 

El papel todo lo aguanta, pero la realidad puede ser muy distinta en lo que se refiere a la inaudita estimación de ingresos. Desgraciadamente, si gobernara Podemos la confianza empresarial se deprimiría y con ella caerían las inversiones, el crecimiento, el empleo y el consumo y, como consecuencia, se produciría un descenso sensible de los ingresos fiscales. Tenemos dudas de que los líderes de Podemos crean que sus propuestas son factibles. Estos brindis al sol pueden seducir a los votantes más crédulos o a quienes están obsesionados con perjudicar a los supuestamente ricos, pero en todos los países que han aplicado estas políticas, se han cosechado fracasos clamorosos, tanto en el medio como en el largo plazo.

Si revisamos el programa del PP, vemos que ofrecen una nueva rebaja del IRPF para dentro de un año, con un mínimo del 17% y un máximo del 43%, promesa que basan en la buena marcha de la economía. Olvida la formación de Rajoy que la bajada del IRPF está sujeta a supuestos que no conviene ignorar: a) los impuestos deben generar un volumen de recaudación fiscal suficiente para cubrir los gastos públicos y, si se rebaja el IRPF, habría que subir el IVA; ya que, si no se respeta este principio, el gasto público se termina pagando con aumentos en la deuda, la cual ya tiene niveles muy elevados; b) la economía debería estar creciendo por debajo de su crecimiento potencial y, actualmente, ése no es el caso de España; cuya economía está creciendo a un ritmo próximo a su potencial.

Ciudadanos también desea bajar los tipos del IRPF y eliminar exenciones y deducciones, pero lo quiere hacer dentro de dos años, confiando en que el crecimiento aumentará la recaudación.

El PSOE propone una subida inmediata del salario mínimo interprofesional, medida que también reduciría la recaudación, dado que este supuesto beneficio social haría disminuir la contratación y el crecimiento económico, al aumentar los costes salariales. También promete más gasto público: mayores prestaciones para los mayores de 52 años.

La necesaria reducción del gasto público.

En resumen, para equilibrar las cuentas nadie habla de rebajar el gasto público; y, lo que es peor, algunos, incluso, prometen subirlo. Inventar trabajo público al estilo del Plan E de Zapatero se trata, ni más ni menos, de la crónica de una muerte anunciada: es inviable. Nosotros, en cambio, pensamos que el próximo Gobierno de España debería seguir recortando la grasa que sobra en el sector público. No consiste, por tanto, en una reducción lineal del gasto en todas las partidas de los presupuestos de las Administraciones Públicas. Muy al contrario, se precisa una cirugía fina que elimine los gastos corrientes superfluos o improductivos y mantenga la financiación de aquellas actividades que mejoren la competitividad, como es el caso de la educación y la investigación.

Se trata de acometer una reforma de las Administraciones que las haga más eficientes y, por lo tanto que suponga un menor coste. Eliminar solapamientos de funciones en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y en el Gobierno central. Ahorrar mediante la supresión de tanta burocracia innecesaria.

Reducir el abuso del consumo sanitario. Son muchos los médicos de familia partidarios de un pequeño copago que disuada de consultas innecesarias. El consiguiente ahorro de tiempo permitiría examinar mejor a los pacientes y evitar derivaciones a los especialistas. Respecto a los despilfarros autonómicos, hay que impedir aquellos que no les corresponden porque son propios del Estado. Por último, convendría establecer incentivos ligados al desempeño de los funcionarios, para que éstos dejen de proliferar.

Hay que recordar a los partidos, especialmente a los de izquierda, que las cuentas no salen. Que los cuentos de la lechera terminan en fracaso y que, aunque sometieran a los ricos al peor régimen fiscal de Europa, son demasiado pocos para incidir suficientemente en la recaudación. Además, muchos de esos ricos trasladarían sus ahorros y sus rentas a otros países. Los ingresos sólo suben de verdad cuando se aumenta considerablemente el número de contribuyentes. Por esta razón, el impuesto que puede conseguir más ingresos es el IVA (tal como señaló la Comisión Lagares). Es cierto que la elevación de este tributo puede retraer en algunos casos el consumo y que a las rentas más bajas les perjudica. Sin embargo, sale mucho más barato compensar económicamente a las personas que están en situaciones extremas que mantener de modo generalizado el tipo del IVA reducido y superreducido.

Hay demasiadas verdades incó- modas que no figuran en los idílicos escenarios que nos prometen los candidatos. Algunas de ellas las ha manifestado hace unas semanas el gobernador del Banco de España, quien ha abogado por garantizar el cumplimento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, mejorar la productividad y reducir la deuda pública. Unas promesas electorales serias debieran haber recogido este tipo de recomendaciones, porque ese toque de realismo las hubiera hecho más creíbles. Desgraciadamente, muchos electores prefieren mostrarse crédulos ante la milonga agradable y populista de bajar impuestos y aumentar el gasto.

Dijo Jean-Claude Juncker, actual presidente de la Comisión Europea: “Los políticos sabemos lo que hay que hacer; lo que no sabemos es có- mo volver a ganar las elecciones si lo hacemos”. Quizá haya llegado la hora de darle la vuelta a la frase y que los políticos hagan lo que es bueno para el futuro de la economía y que, de resultas de esa política, vuelvan a ganar las elecciones. En definitiva, convencer a los ciudadanos de que hay que cuadrar las cuentas públicas si queremos que la economía y la creación de empleo se fortalezcan en el futuro.