En 2018, los españoles habrán trabajado, de media, un total de 177 jornadas para cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, el Día de la Liberación Fiscal, que Think Tank Civismo –de referencia en España para fomentar la sociedad civil y el ejercicio de las libertades personales y económicas– calcula anualmente. Este año el Día de la Liberación Fiscal de lpos españoles llega el 27 de junio, un día antes que en 2017.
Dentro de este cómputo impositivo global, la distribución por peso de los gravámenes, traducidos en días, es la siguiente: las cotizaciones sociales suponen, de media, 102 jornadas de salario; a las que hay que añadir otras 35 por IRPF (es en este tributo donde se registra la jornada de menos respecto al año pasado), hasta 25 por IVA, 11 por Impuestos Especiales, y 5 más por otros tributos estatales, autonómicos y municipales como el IBI, Patrimonio, Sucesiones o Matriculación. Esto deja disponibles 187 días de sueldo libres al contribuyente.
De este desglose se deduce el gran impacto que tienen el IRPF y las cotizaciones sociales (costeadas tanto por el empleado como por el empleador), cuya suma denominamos ‘cuña fiscal’, y que reduce el salario neto de los trabajadores de manera significativa. Así, de cada 100 euros que paga el empresario en coste laboral, el ocupado de entre 16 y 29 años cobra 64,11, lo que equivale a una ‘cuña fiscal’ del 35,89%. Para los trabajadores de entre 30 y 44 años, la retribución neta se queda en 62,50, a causa de una ‘cuña fiscal’ del 37,50%. Los que tienen entre 45 y 64 años reciben de esta cantidad sólo 61,66 euros, lo que supone la ‘cuña fiscal’ más elevada por tramos de edad: un 38,34%. Por último, entre los mayores de 65 años, la fiscalidad directa se traduce en que, de cada 100 euros, se perciben 88 de forma efectiva. En este caso la ‘cuña fiscal’ es más reducida, de un 12,03%, por la ausencia de presión de las cotizaciones sociales.
Este año el Día de la Liberación Fiscal realiza por primera vez en España una comparativa entre lo que los ciudadanos contribuyen al Estado y lo que reciben a cambio, en forma de servicios públicos. Para ello, pone en relación la distribución del gasto público por partidas presupuestarias y el pago de impuestos por cohortes de población (tramos de edad). Así, el gasto en protección social (pensiones, prestaciones por desempleo, y otras ayudas) asciende al 16,8% del PIB español, seguido en peso por el coste de mantenimiento de la Administración pública, con un 6,1%; la Sanidad (6%); Educación (4%); Inversiones (3,9%); Seguridad (1,9%); Subvenciones y Cultura (1,1%); Defensa (1%); Medio Ambiente (0,8%) y, por último, Infraestructuras de vivienda (0,5%).
En cuanto a los servicios públicos que recibe cada ciudadano en función de su edad, se incrementan exponencialmente con la llegada de la jubilación. El valor económico de lo percibido por el contribuyente se más que triplica, pasando de los 6.934,42 euros nominales en la cohorte de 16 a 29 años a los 22.388,80 a partir de los 65. La principal prestación, en términos económicos, se trata de la pensión pública, al ascender a 15.454 euros anuales, seguida de la cobertura sanitaria (1.919 euros). En lo que se refiere a los impuestos, el máximo se da en la madurez de la edad laboral del contribuyente (45-64 años), cuando alcanza a pagar 15.662,24 euros anuales, frente a los 10.449,75 de la cohorte más joven, o los 4.620,31 de los mayores de 65.
Si se cruzan ambas variables, obtenemos el siguiente balance: casi el 80% de los contribuyentes pagan más impuestos que lo que reciben hasta la edad de jubilación, momento en el que cambian las tornas. Así, los trabajadores abonan entre 3.515,33 y 7.775,23 euros anuales más de lo percibido en servicios públicos durante los 35 años de carrera de cotización, para luego beneficiarse en forma de pensión, sanidad y dependencia por un importe de 17.768,49 euros anuales durante dos décadas. Esto supone una redistribución de ingresos a lo largo del tiempo, pero sujeta a incertidumbres como la subida de los tipos y las bases de cotización, o las modificaciones de los derechos consolidados de pensiones. La ‘rentabilidad’ de pagar impuestos en España va a depender del valor neto de las pensiones y de la evolución de las cotizaciones abonadas en vida laboral.
Por CCAA, en 2018 no se han verificado cambios significativos en los principales impuestos de Andalucía, excepto la reforma en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha ampliado desgravaciones y equilibrado la tributación, pero que no se traduce en una reducción de los días de salario necesarios para pagar impuestos. En este sentido, las familias andaluzas de renta media conservan una tributación efectiva menor que la media nacional para las rentas salariales, pero significativamente superior en las rentas altas. El tipo medio efectivo de una renta de 150.000 euros en Andalucía es 5,5 puntos superior que en Madrid, igualando el castigo fiscal que sufren las rentas altas navarras. Mientras las familias más jóvenes afrontan una tributación efectiva por IRPF medio punto superior a la media nacional, las familias que en su edad laboral adulta (entre los 45 y los 64 años) pagan 0,6 puntos menos que en Madrid.
