Después de leer el magnífico artículo de Julio Pomés (HERALDO, 25 de febrero, pág. 26), resulta indignante comprobar las diferencias entre las distintas comunidades autónomas a la hora de calcular el importe que el contribuyente se ve obligado a tributar cuando está en la tesitura de aceptar o rechazar una herencia. Y todavía más, leer que la recaudación abusiva, como la que sufrimos en Aragón, apenas supone un 2% sobre el total de un ejercicio.
Aragón forma parte del cuarteto de comunidades que están inuy por encima del resto a la hora de gravar con este impuesto a quienes van a heredar lo que es suyo. En el ejemplo que explica el Sr. Pomés, una persona soltera de 30 años que hereda 800.000 euros, debido al fallecimiento de su padre, si este residía en Andalucía habría de aportar al fisco de esa comunidad 164.049 euros; en Asturias serían 162.618; en ExBajan tremadura, 158.796, y en Aragón, 155.393 euros. Después ya viene Castilla y León, con 89.168 euros, etc.; y un grupo final de ocho comunidades donde ]as cantidades oscilan entre los 15.040 euros de Galicia y los 134 euros de Canarias. Sí, sí, han leído bien, en Canarias el contribuyente pagaría 134 euros por la misma herencia que en Aragón costaría 155.393 euros.
En Madrid serían 1.586 euros. ¿Cómo pretende el Sr. Rajoy que le creamos cuando dice que todos los españoles tenemos los mismos derechos, después comprobar cómo permite una desigualdad tan manifiesta a la hora de pagar nuestros impuestos? En esta especie de expolio sin violencia, pero legalizado, que practican algunas comunidades, el Gobierno central debería tomar las riendas e intentar unificar criterios, no permitiendo que cada una haga de su capa un sayo. Principalmente, porque todos somos del mismo país, España. Y aunque, para evitar ser esquilmados por nuestros dirigentes autonómicos, una solución sea cambiar la residencia a otra autonomía, eso no es tan sencillo como cambiarte la camisa todos los días.
José Luis Lavilla Pardos
