La casualidad ha querido que esta semana que dejamos atrás, mientras los estadounidenses festejaban el día de su independencia como nación, los españoles pudiéramos celebrar lo que ya se conoce como día de la liberación fiscal.
Cada año, la fundación Civismo calcula los días que necesita un trabajador medio en España para reunir el dinero con el que afrontar sus obligaciones tributarias. Pasada esa fecha, el dinero que gana empieza a poder gastarlo él.
El resultado es que en 2014 la suma de impuestos y cotizaciones ha supuesto el equivalente a 184 días de trabajo para un empleado con un sueldo medio de 24.400 euros brutos al año. O dicho de otra forma: del 1 de enero al 3 de julio esta persona habría trabajado solo para el fisco.
No se trata de hacer un alegato general en contra del sector público porque, sin duda, gran parte de los servicios, prestaciones y subsidios que garantiza el Estado son irrenunciables. No obstante, conviene hacer estos ejercicios para valorar si la calidad de lo que percibimos se ajusta a lo que pagamos y exigir una administración eficiente y austera. No hace falta aumentar el gasto público sino gestionarlo mejor.
De hecho, menos de la mitad del dinero que se recauda en España se destina a lo que podemos englobar como gasto social. Es evidente que sigue habiendo un gasto improductivo y duplicidades que ninguno de los gobiernos que han pasado hasta la fecha han querido atajar.
En España, el nivel de esfuerzo fiscal supone un 40,5 por ciento sobre el sueldo medio de cada trabajador, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Solo estamos por debajo de países como Finlandia o Suecia, con la salvedad de que allí los salarios son un 70% superiores a los que se pagan aquí y los servicios públicos que reciben a cambio son, quizá, un poco mejores.