En plena campaña de la Renta, tendemos a creer que el IRPF constituye el impuesto con mayor repercusión sobre nuestra economía personal, pero no es así. De hecho, más de una cuarta parte del salario bruto que paga una empresa va destinado a abonar otros tributos y costes regulatorios de los que el trabajador no es consciente, ya que son descontados antes de que éste cobre el sueldo. Por ejemplo, las deducciones para formación profesional, desempleo, incapacidad, la seguridad social que paga la empresa por el trabajador, etc. En total, en el conjunto de España perdemos por estos conceptos un 25,95% de ese sueldo bruto ‘ampliado’, aunque la diferencia puede oscilar entre el 24,9% de la Comunidad de Madrid y el 27,5% de Aragón.
Es cierto que la desigualdad parece pequeña cuando se presentan cifras relativas, pero no lo es si se tiene en cuenta el dinero contante que alguien deja de recibir por trabajar en una comunidad con una mayor presión fiscal ‘oculta’. Así, por ejemplo, un trabajador de Aragón podría perder hasta 1.036 euros más en tributos que si se encontrara en Madrid, algo sangrante teniendo en cuenta que este dinero,muchas veces, termina en cursos de formación que no se imparten o en subvenciones para parados de las que, al final, se acaban beneficiando personas que no siempre se las merecen.
¿Cuánto dinero se pierde por comunidad autónoma? Se distinguen tres grandes grupos. En primer lugar, aquellas regiones donde esta cifra se sitúa claramente por debajo de la media. En este sentido, La Rioja (donde los trabajadores pierden 109 euros al año respecto a lo que podrían cobrar en Madrid), PaísVasco (216 euros), Cataluña (315 euros) y Asturias (329 euros) resultan las menos perjudicadas. En segundo lugar, las CCAA más cercanas al promedio, como Canarias (443 con un coste de euros más que en Madrid), Cantabria (444 euros), Castilla La-Mancha y Murcia (544 euros en ambos casos), Extremadura (567 euros), Baleares (588 euros) y Andalucía (619 euros). Finalmente, queda el grupo de las más perjudicadas por la tributación: Galicia (664 euros de recargo extra), Navarra (665 euros), Comunidad Valenciana (700 euros), Castilla y León (810 euros) y la ya mencionada Aragón.
Sin embargo, el castigo para los trabajadores es doble, ya que las empresas prefieren instalarse en aquellos territorios donde pagan menos impuestos y donde tienen la seguridad de que la mayor parte de las retribuciones por trabajador terminarán en el bolsillo de éstos, lo cual, les permite contratar a mejores profesionales y a tenerles más motivados. Así, cuanto mayor es la presión fiscal, menor es el dinero que las empresas dedican a los salarios antes de impuestos.
Hechas estas consideraciones, cabe destacar una última cuestión. Si los salarios enAragón subieran al nivel deMadrid, ¿cuánto dejarían de ingresar los aragoneses por esa tributación mayor que soportan sus empresas? Exactamente, 1.247 euros al año. Esto es, el 3,6% de su sueldo. La reflexión que deberían hacerse, entonces, es si los servicios públicos que consiguen a cambio de este extra son suficientes para sufrir semejante rebaja salarial. Haga una lista (por ejemplo, una televisión pública, bibliotecas o polideportivos, que piense que están mejor en su comunidad) y ahora calcule lo que le costaría adquirir esos servicios al sector privado y, sobre todo, si realmente querría comprarlos. Muchas cosas cambiarían si pensáramos en los políticos como proveedores de servicios al mejor precio, en lugar de como funcionarios que deben agotar el presupuesto previsto.
