La reforma fiscal anunciada por el Gobierno con inequívoca vocación electoralista parece una nadería cuando se pone en el contexto del esfuerzo tributario global que soportan los españoles y que esta semana ha retratado, con trazo grueso pero apabullante, elthink tank Civismo. Recién concluida la campaña de renta, sobrecoge saber que un ciudadano normal de este país tiene que dedicar más de la mitad de las jornadas laborales de un año a generar los recursos que necesita para cumplir con las obligaciones tributarias que le demandan las distintas administraciones. Porque no es IRPF todo lo que reluce, nimucho menos.De forma diseminada, pero implacable, el Estado, en sus distintos estratos administrativos, expresa una tremenda voracidad recaudatoria a base de sumar gabelas y cotizaciones sociales, unas veces evidentes y otras camufladas comoimpuestos indirectos o especiales en el precio final de productos y servicios.
El ‘día de la liberación fiscal’ es la fecha en la que una persona ha ganado lo suficiente para pagar todos sus impuestos ordinarios y este año, para un español medio, ha caído el 3 de julio, casi dos meses más tarde que en el 2013. El retraso no se debe a una subida brutal de los tributos sino al nuevo criterio que –en línea con las pautas de la OCDE, el FMI y la Unión Europea– ha llevado a incorporar al cómputo las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que funcionan de hecho como un impuesto al trabajo y forman parte de los costes laborales, aunque no lleguen a quedar reflejadas en las nóminas.
El perfil del contribuyente español de referencia se corresponde con el de un trabajador cuyo salario bruto anual asciende a 24.400 euros y que este 2014 ha tenido que dedicar 184 días –la mitad del año más tres– a producir lo necesario para saldar las cuentas que le reclama la Administración en forma de IRPF (41 días), IVA(25 días), cuotas de la Seguridad Social (102 días, de los que 84 corresponden a las cotizaciones empresariales), impuestos especiales (11 días) y otros impuestos (5 días). Para entenderlo mejor, es comosi a ese españolito le pagaran su nómina en billetes de 20 euros en los que el Banco Central Europeo hubiera tachado el valor facial para sustituirlo por la leyenda: «Sólo vale 10 euros. El resto se lo han quedado Hacienda y la Seguridad Social».Así es como Civismo describe gráficamente el concepto de ‘liberación fiscal’ y el esfuerzo tributario que se exige en este país.
Consuela poco saber que los riojanos son, entre los que cotizan en comunidades del régimen común, los españoles que antes empiezan a trabajar para su propio bolsillo. Lo están haciendo, de media, desde el pasado día 1 y sólomejoran su condición los residentes en el País Vasco y en Navarra, donde gracias a las ventajas de sus excepciones forales se ‘liberaron’ el 28 y el 30 de junio, respectivamente. Y es que la presión fiscal no sólo varía en función del nivel de renta y de los hábitos de consumo; también según la comunidad autónoma en la que reside. Así, la liberación fiscal anticipada de los contribuyentes de La Rioja tiene que ver, sobre todo, con el mantenimiento del tramo autonómico del impuesto sobre la renta más bajo del país, junto con el deMadrid, y con la negativa de sus gobernantes a aplicar el ‘céntimosanitario’ en la parte que corresponde al recargo regional sobre las ventas de carburantes.
Con España a la cabeza de los países de Europa que más esfuerzo tributario demandan proporcionalmente a sus ciudadanos, el recordatorio de la fecha en que se produce el denominado ‘día de la liberación fiscal’ es una invitación oportuna para reflexionar sobre la importancia de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar, pero también para reclamar a los administradores del comúnuna gestión rigurosa y austera de los recursos que con tanto sacrificio se ponen en sus manos. La suma es para considerar: entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre elValor Añadido (IVA), el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto deCirculación, el ‘céntimo sanitario’, las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores (6,35%) y las empresas (29,9%), los impuestos especiales sobre los combustibles, el alcohol o el tabaco y otros gravámenes de menor cuantía el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se quedan con más de la mitad de la renta que genera cada español en un año.Acambio, no parece exagerado pedir una Administración pública mejor dimensionada y más eficiente, un control del gasto al menos tan exigente como la política recaudatoria que sufren los asalariados y un ejemplo permanente de diligencia y sobriedad por parte de los gobernantes.
