La declaración de independencia de Estados Unidos, firmada en 1776 por Thomas Jefferson, proclamaba que los varones y las mujeres tenemos el derecho inalienable a la vida, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de la propia felicidad. Los fundadores de Estados Unidos rechazaban, así, pagar a la colonia británica por el consumo del té e iniciaban un largo periodo sin impuestos, exceptuando los especiales sobre el tabaco y el alcohol, así como algunos aranceles. Desde entonces, la sociedad y la economía estadounidenses, así como su sistema fiscal, han evolucionado considerablemente, de tal manera que hoy, en promedio, un ciudadano de los Estados Unidos paga en impuestos el 30% de su renta . El llamado Día de la Liberación Fiscal (Tax Freedom Day) es el 21 de abril.
En Cataluña el Día de la Liberación Fiscal se situaría casi tres meses después, el 5 de julio, según el último informe del think tank Civismo. Esto implica que un trabajador medio dedica un total de 185 días del año a cumplir con sus obligaciones tributarias, de los que 102 corresponden a cotizaciones sociales, 41 en el IRPF, 25 al IVA, 11 a impuestos especiales y 6 a otros gravámenes. Los 24.000 euros anuales de salario medio (un coste salarial 31.500 euros si consideramos la contribución a la Seguridad Social a cargo del empresario) se convierten en 16.000 euros netos. En otras palabras: después de aplicar los impuestos sobre las rentas del trabajo al coste salarial, un individuo con salario medio sólo dispone del 50% restante para el consumo o el ahorro personales
En este sentido, los datos de la fiscalidad sobre el trabajo son especialmente preocupantes: la cuña fiscal o tax wedge (coste salarial – salario neto) en España es del 39,6%, uno de los niveles más elevados de Europa. Tomando como referencia un contribuyente que empieza a trabajar a los 16 años y que se jubila a los 65 -y considerando cotizaciones, IRPF, IVA, impuestos especiales y IBI-, este contribuyente deberá dedicado 27 años de sueldo a pagar impuestos desde que entra en el mercado de trabajo hasta que muere. Por lo tanto, el Año de la Liberación Fiscal no llega hasta que se hacen los 43 años de edad.
Por otra parte, el kafkiano sistema tributario español tiene un impacto especialmente pernicioso para pymes y autónomos. Una empresa catalana que facture 150.000 euros al año con una plantilla de 4 trabajadores estará destinando alrededor del 17% de su facturación anual en impuestos a la Agencia Tributaria, a la administración de la Seguridad Social y los gastos correspondientes a la gestión externalizada de los impuestos. El tiempo que pierde la empresa en tareas relacionadas con gestión de impuestos es de 167 horas frente a las 93 que dedica una firma finlandesa. La complejidad del sistema impositivo español, pues, no sólo supone un coste muy elevado para pymes, y por tanto una barrera de entrada a la competencia, sino que también disminuye la productividad del tejido empresarial.
Aunque el discurso que hace referencia al aumento de la carga tributaria como instrumento para paliar las desigualdades es generalizado hoy en día, la evidencia nos dice que la capacidad redistributiva de la fiscalidad es ínfima en todos los países de la OCDE, y supone sólo un 3% de reducción en el índice de Gini en España. Incluso los países escandinavos como Dinamarca han reducido cotizaciones y el impuesto de sociedades y reorientado el gasto público para beneficiar a los ciudadanos de menor renta. Por lo tanto, la desigualdad en ningún caso justifica seguir drenante y expoliando los contribuyentes en un sistema como el español, que no transfiere rentas de ricos a pobres sino de grupos desorganizados a grupos organizados.
Debemos ser conscientes de que nada es gratuito y que el peso de los impuestos sobre nuestros bolsillos es inmenso. Esto nos debería animar a reivindicar una rebaja del esfuerzo fiscal y ser más exigentes con las administraciones públicas en cuanto al uso de nuestros ahorros. Es necesario que el gasto público realmente se destine a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de los estratos sociales más vulnerables, vía instrumentos realmente efectivos (créditos fiscales o EITC, rentas de inserción, gasto en guarderías, cheques escolares y ayudas a los niños en condiciones de exclusión como el National Child Benefit canadiense) y vía inversiones altamente productivas y con externalidades significativamente positivas en el crecimiento económico (investigación e innovación o infraestructuras estratégicas, como el corredor mediterráneo). Todo lo que no cumpla estos supuestos debería ser revisado con lupa; como dijo el mismo Jefferson, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
Es fundamental, pues, avanzar con firmeza hacia un sistema con impuestos más bajos y transparentes. Hay que huir del infierno fiscal español pero no para crear otro equivalente sino para establecer un marco tributario que no penalice el trabajo, el ahorro, la iniciativa privada y la generación de riqueza. Además, la descentralización y la competencia fiscal establecen un marco de incentivos que favorecen la moderación tributaria. Por este motivo, es imprescindible concienciar a la ciudadanía de lo que destina anualmente a impuestos y movilizarnos juntos por una rebaja del esfuerzo fiscal en Cataluña.